12 de febrero, 2021 XML
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El primer balance económico del año 200 sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en el sector de la protección contra incendios, dibuja un panorama preocupante, si bien se espera una recuperación para 2021 cercana al 80 %.

Los esfuerzos de Tecnifuego, Asociación Española de Sociedades de Protección contra incendios, para que la Administración percibiera como fundamental al sector de la protección contra incendios (PCI) para dar servicio a las actividades esenciales durante el parón económico decretado por el Gobierno han dado sus frutos, tanto en la continuidad en las labores de mantenimiento como en la fabricación y distribución de los suministros necesarios para dichas actividades. 

Pero, además, señalan desde la asociación, el sector industrial es un gran activo de nuestra sociedad, por lo que es necesario apoyar a las empresas con medidas concretas. En este marco, se ha trasladado al Gobierno un esquema con algunos puntos claves para mantener el pulso industrial, como son incentivar las inversiones, evitar escaladas arancelarias, garantizar la seguridad jurídica, mejorar la relación entre la universidad y la empresa, fomentar la formación profesional dual, renovar y agilizar los procesos administrativos para evitar burocracia; facilitar las exportaciones, etc.

Desde Tecnifuego plantean implementar un plan estratégico para restituir la actividad, que tenga en cuenta las necesidades de las empresas. Así, proponen las siguientes medidas para reactivar la economía en el sector de PCI:

  • Fiscalidad. Aplazar los pagos de Seguridad Social es liquidez directa para la empresa sin necesidad de instrumentarla financieramente.
  • Préstamos ICO. Incluir todos los CNAE de la actividad de PCI en la primera línea de concesión de estas líneas de crédito.
  • Legislación. Agilizar los reglamentos que están en trámite, como el Reglamento de establecimientos de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RSCIEI) y Código Técnico de la Edificación. Igualmente, la Administración debe velar por el cumplimiento riguroso de la normativa vigente y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.
  • Normalización.  El sector de PCI, cofundador de la Asociación Española de Normalización, UNE está comprometido con que la calidad y el uso de equipos y materiales cumplan las normas UNE. Por ello, proponemos agilizar el proceso de actualización normativa y un refuerzo para exigir su cumplimiento.
  • Vigilancia del mercado y control de las instalaciones. Para verificar que las instalaciones y los mantenimientos cumplen con la legislación vigente y por tanto garantizan la seguridad.
  • Especialización. Cumplimiento de los requisitos reglamentarios, en cuanto a personal especializado y habilitado para ello. Agilizar las suspensiones y sanciones en caso de no cumplimiento.
  • Licitaciones y obras públicas. Fomentar la contratación pública y los presupuestos de licitación y aceleración ejecución d obras ya adjudicadas. Redoblar la inversión en infraestructuras productivas e innovación.
  • Políticas de incentivos: seguridad y rehabilitación. Es preciso establecer una política que incentive la implantación de medidas de rehabilitación que garanticen la mejora de la PCI en inmuebles de las diversas actividades económicas: almacenes y logística, comercios, industria, hospitales, residencias de ancianos, edificios de viviendas, hoteles y hostelería….
  • Política Exportación específica. Plan ICEX especial para la Internacionalización de materiales de PCI.
  • Morosidad. Medidas para atajar el previsible incremento de la morosidad, reforzando la Ley con un reglamento sancionador.

En resumen, aseguran desde Tecnifuego, “debemos insistir en que la instalación y el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios deben ser realizados siempre por empresas especializadas y homologadas, que cumplan los requisitos señalados en la reglamentación (Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 513/2017).  Como asociación que representa a las empresas del sector, defenderemos la profesión, la especialización de las empresas, el cumplimiento de la legislación y la normalización de los equipos. Nuestro deber, valor y responsabilidad es velar por la instalación y el mantenimiento de estos sistemas para garantizar así la protección frente a un incendio de las personas, bienes y medioambiente”.

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