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La Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios (Tecnifuego) ha celebrado en la sede de la UNE (Asociación Española de Normalización) la decimonovena edición de su ‘Mesa de Detección’.
Este foro que se consolida como punto de encuentro del sector y que ha reunido a expertos de los cuerpos de bomberos, fabricantes e instaladores de sistemas de alarma y control de incendios, administradores de fincas y aseguradoras.
La jornada ha puesto en evidencia los principales desafíos que enfrenta la protección contra incendios (PCI) en España. Entre ellos, el envejecimiento del parque de edificios, la adaptación de las instalaciones a un entorno cada vez más digital y la creciente demanda de soluciones sostenibles y seguras tanto en ámbitos residenciales como comerciales.
El acto, inaugurado por Julián Caballero, director general adjunto de UNE, y Antonio Tortosa, vicepresidente de Tecnifuego, ha reforzado la importancia de la normalización y la estandarización como base para extender la innovación en seguridad contra incendios en todo el país.
“La tecnología, la norma y la experiencia son nuestras aliadas, pero la anticipación sigue siendo nuestra mejor defensa”, ha destacado Lluís Marin, coordinador del Comité Sectorial de Fabricantes de Equipos de Detección de Tecnifuego.
Los expertos han coincidido en señalar que la fiabilidad de los detectores y la reducción de falsas alarmas constituyen desafíos clave. En este sentido, han resaltado la importancia de renovar periódicamente los dispositivos, conforme al Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI) actualizado este año, que establece una vida útil de diez años salvo verificación técnica.
La gestión remota de emergencias ha centrado también buena parte del debate. Aunque la conexión de los sistemas a centrales receptoras de alarma (CRI) ha avanzado en los últimos años, todavía son pocos los edificios en España que disponen de este servicio.
Francisco Soriano, secretario de AESCRA, ha insistido en la necesidad de una regulación más explícita que asegure la supervisión permanente de los edificios con sistemas de detección obligatorios y que clarifique las responsabilidades de las CRI. Según Soriano, el sector está desarrollando modelos de coordinación para reforzar la fiabilidad y rapidez de la respuesta. “Trabajamos con bomberos, expertos y fabricantes para crear un protocolo homogéneo y efectivo”, ha señalado, reclamando a su vez un marco regulatorio claro y común para todas las Centrales Receptoras de Alarmas.
Uno de los temas más relevantes ha sido la seguridad en viviendas, donde se concentra la mayor parte de las víctimas mortales por incendios. Rafael Reyes, oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid, ha defendido la obligatoriedad de instalar detectores de incendios en todas las viviendas de España, siguiendo el ejemplo de ciudades como Valladolid, así como la realización de evaluaciones periódicas del riesgo con medidas vinculantes para las comunidades de vecinos.
Reyes ha destacado la campaña que se ha desarrollado junto a la Comunidad de Madrid para instalar 20.000 detectores en viviendas sociales y formar a los vecinos sobre cómo actuar en caso de incendio, y ha anunciado su intención de ampliar este tipo de iniciativas. “Queremos que cada comunidad conozca su nivel de riesgo y sepa cómo responder ante el fuego”, ha subrayado. Además, ha advertido que los nuevos riesgos residenciales, como los puntos de carga de vehículos eléctricos o el uso de ciertos materiales constructivos, han exigido actualizar las estrategias de prevención.
Por su parte, la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Isabel Ocaña, ha incidido en la importancia de incorporar la autoprotección en la gestión diaria de las viviendas, promoviendo que los vecinos conozcan las características de sus edificios, sus obligaciones normativas y los protocolos a seguir en caso de incendio, abogando por incluir en las juntas de vecinos recordatorios periódicos sobre estas medidas de seguridad. “Nuestra labor es concienciar a los administrados, pero desgraciadamente en muchas comunidades solo se actúa a golpe de normativa”, ha afirmado.
Para reforzar la preparación ante emergencias, ha recomendado además que el Libro del Edificio contemple un plan de evacuación, garantizando que todos los vecinos estén informados y puedan actuar de manera coordinada.
La perspectiva aseguradora la ha aportado María José Luque, ingeniera de prevención en Allianz Seguros, quien ha explicado que la creciente preocupación social y empresarial por la PCI responde a la experiencia de siniestros y a la evolución normativa, aunque aún persiste cierta falta de concienciación, especialmente en el ámbito industrial.
Luque ha subrayado que las medidas de seguridad de un edificio —incluyendo la detección automática, la instalación de rociadores y las características constructivas— influyen directamente en la valoración del riesgo y en el cálculo de las primas, ya que “el tiempo de reacción marca la diferencia entre un conato y una catástrofe”. Ha insistido en que la detección, siempre que esté conectada a un sistema con supervisión 24 horas, es fundamental para salvar vidas y reducir pérdidas materiales.
Carlos Chicharro, director del Área de Protección Activa de Tecnifuego, ha advertido que la gestión remota de alarmas requiere protocolos claros, coordinación con los servicios de emergencia y medidas para reducir las falsas alarmas. Ha explicado que Tecnifuego ha desarrollado una guía para interpretar correctamente esta gestión, y que la fiabilidad del sistema depende del informe del mantenedor o de la conexión remota. Además, ha resaltado la necesidad de certificar los sistemas conectados a emergencias y de que el mantenimiento se realice conforme a normativa. En este contexto, ha indicado que “la combinación de protección pasiva efectiva y sistemas de alarma bien gestionados constituye la base para un desarrollo seguro de la protección contra incendios”.
El coloquio ha estado moderado por Jon Michelena, director general de Cepreven, quien ha puesto en valor la creación de espacios de diálogo como este, donde confluyen los diferentes actores de la PCI para anticipar cambios normativos, compartir experiencias y reforzar la seguridad contra incendios en entornos urbanos, con el objetivo final de avanzar hacia un país más seguro y preparado frente al fuego.
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