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A partir de 2026, el comercio internacional con la Unión Europea entra en una nueva fase. Productos tan cotidianos —y tan invisibles para el consumidor— como el acero, el aluminio o los fertilizantes empezarán a reflejar algo que hasta ahora quedaba fuera del precio final: su huella real de carbono.
El CBAM, por sus siglas en inglés, no es solo un nuevo impuesto. Es una forma de decir que contaminar, venga de donde venga, ya no sale gratis.
La medida afecta directamente a empresas europeas que importan materias primas intensivas en energía, pero su alcance va mucho más allá del mercado interior. Marca un antes y un después en cómo se relacionan comercio, clima e industria en un mundo que intenta —con dificultad— descarbonizarse sin romperse por el camino.
La historia del CBAM no empieza en la frontera, sino dentro de la propia Unión Europea. En 2005 se puso en marcha el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), el primer gran sistema de “cap and trade” a escala mundial. La lógica era clara: fijar un límite total a las emisiones y obligar a las empresas a pagar por cada tonelada de CO₂ equivalente emitida. Cuanto más se contamina, más se paga. Simple, al menos sobre el papel.
Durante años, sin embargo, sectores como el acero, el cemento o el aluminio recibieron derechos gratuitos de emisión. Una especie de muleta temporal para evitar que estas industrias se deslocalizaran a países con normativas climáticas más laxas. El argumento era competitivo, pero el efecto colateral era evidente: el sistema penalizaba al productor europeo mientras permitía importar productos más baratos y más contaminantes desde fuera. Eso es lo que se conoce como fuga de carbono.
Con la retirada progresiva de esas ventajas, el riesgo se hacía mayor. El CBAM nace precisamente para cerrar esa grieta. No para castigar, sino para igualar las reglas del juego.
El mecanismo se aprobó definitivamente en 2023 y desde entonces ha ido avanzando con cautela. Primero, una fase transitoria centrada en recopilar datos. Importadores de seis sectores clave —acero y hierro, aluminio, cemento, fertilizantes, hidrógeno y electricidad— han tenido que declarar trimestralmente las emisiones directas e indirectas asociadas a sus productos. Sin pagos todavía, pero con números encima de la mesa. Importante.
Esa fase termina a finales de este año. A partir de 2026 comienza la etapa decisiva. Además de reportar emisiones, las empresas deberán pagar un ajuste en frontera basado en el precio del carbono dentro del ETS europeo. No es una tarifa fija ni arbitraria: se vincula al coste real de emitir CO₂ en la UE. Si el país exportador ya aplica un sistema de precios al carbono comparable, el importe se reduce o incluso desaparece.
El diseño es gradual. Durante varios años, el porcentaje aplicado irá aumentando hasta reflejar el 100 % del precio medio de los derechos de emisión. Al mismo tiempo, las industrias europeas perderán definitivamente los derechos gratuitos. Dos procesos paralelos, sincronizados. Sin atajos.
El efecto más directo es reducir emisiones globales, no solo europeas. Al penalizar productos con alta intensidad de carbono, el CBAM empuja a los productores extranjeros a revisar sus procesos si quieren seguir vendiendo en el mercado comunitario. Menos carbón, más eficiencia energética, más renovables. No por altruismo, sino por pura lógica económica.
También puede frenar inversiones en instalaciones altamente contaminantes fuera de la UE destinadas únicamente a exportar. Eso, en la práctica, evita trasladar el problema de un lugar a otro. El CO₂ no entiende de fronteras, pero las decisiones industriales sí.
Hay otro impacto menos visible: mejora la calidad de los datos climáticos. Para cumplir con el CBAM, muchas empresas están midiendo por primera vez sus emisiones con cierto rigor. Y medir, aunque suene básico, suele ser el primer paso para cambiar algo
La Unión Europea (UE) alcanzó un acuerdo jurídicamente vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 90 por ciento para 2040 con respecto a los niveles de 1990, lo que implica la compra de créditos de carbono extranjeros para cubrir 5 por ciento de los recortes, informó el miércoles el Parlamento Europeo.
El acuerdo exigirá que las industrias de la UE reduzcan sus emisiones en 85 por ciento y, a partir de 2036, que los países de la UE paguen a terceros países para que reduzcan las emisiones en su nombre y compensen el resto.
El Parlamento Europeo y los países de la UE deben aprobar cada uno el objetivo para que se convierta en ley, lo que suele ser una formalidad que se salda con acuerdos previos.
El acuerdo supera los compromisos de reducción de emisiones de la mayoría de las grandes economías. Aun así, el objetivo no llega al recomendado por los asesores científicos de la UE en materia de cambio climático y es más débil que el original, lo que refleja el desacuerdo entre los países de la UE sobre la velocidad y el costo de su programa ecológico.
“Este acuerdo demuestra que clima, competitividad e independencia van de la mano y envía un poderoso mensaje a nuestros socios mundiales. Hemos llegado a un acuerdo sobre una legislación climática firme, pero realista”, dijo en un comunicado el comisario de Clima de la UE, Wopke Hoekstra.
El objetivo representa un compromiso político tras meses de negociaciones en las que gobiernos como los de Polonia, Eslovaquia y Hungría se opusieron a mayores recortes de dióxido de carbono por considerarlos demasiado extenuantes para las industrias de cada país miembro que luchan contra los altos costos energéticos, las importaciones chinas más baratas y los aranceles estadounidenses.
Otros miembros de la UE, como Países Bajos, España y Suecia, adujeron el agravamiento de los fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de alcanzar a China en la fabricación de tecnología ecológica como razones para el elevado objetivo.
Para ganarse a sus detractores, la UE también acordó debilitar otras políticas climáticas políticamente sensibles, como retrasar un año, hasta 2028, la puesta en marcha de un precio del carbono para los combustibles.
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