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El sector de las energías renovables ha reclamado la eliminación inmediata del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), conocido como el “impuesto del 7%”, al considerar que encarece la electricidad, frena la electrificación y dificulta la integración de renovables en el sistema energético.
Así lo ha advertido APPA Renovables, que alerta de que este gravamen penaliza la competitividad industrial, distorsiona el mercado ibérico y va en contra de los objetivos climáticos y de reindustrialización del país.
Según la asociación, el IVPEE, creado en 2012 en un contexto de déficit tarifario ya superado, supone hoy una barrera para la electrificación, la vía más rápida y eficiente para sustituir combustibles fósiles importados por energía renovable. “En España seguimos arrastrando el lastre de un impuesto que va contra los objetivos que tenemos marcados. Las renovables representan más del 55% de nuestra electricidad, pero solo el 25% del consumo final de energía. No podemos seguir frenando la electrificación”, ha señalado el director general de APPA Renovables, José María González Moya.
La urgencia de eliminar este impuesto se ha intensificado tras la decisión de Portugal de suprimir el gravamen equivalente aplicado a la producción eléctrica. En un mercado acoplado como el MIBEL, mantener en España un 7% adicional sobre los costes de generación supone una desventaja competitiva directa para la producción nacional, incluida la renovable, y un riesgo de distorsión frente a tecnologías ubicadas al otro lado de la frontera.
Desde APPA recuerdan que durante la pandemia el IVPEE estuvo suspendido sin efectos negativos relevantes y que su mantenimiento solo genera más vertidos, más emisiones y menor competitividad. A esta situación se suma la presión de la Comisión Europea, que ha instado reiteradamente a España a reducir la carga fiscal sobre la electricidad. El plan comunitario “Action Plan for Affordable Energy” alerta de que la fiscalidad eléctrica penaliza cuatro veces más a la electricidad que al gas, situándola en niveles similares al alcohol o el tabaco.
Actualmente, los hogares y la industria que apuestan por electrificar sus consumos deben afrontar una elevada carga fiscal, compuesta por el IVPEE del 7%, el Impuesto Especial sobre la Electricidad (5,11%), un IVA del 21%, además de múltiples cánones y tasas. Esta estructura, según APPA, frena la demanda eléctrica, dificulta la absorción de nueva generación renovable y limita la competitividad industrial.
Aunque más del 75% de la electricidad española es libre de emisiones —incluida la nuclear—, su peso en el consumo energético total no supera el 25% desde hace más de dos décadas. En 2025, la cobertura renovable de la demanda eléctrica cayó del 57% al 55,5%, mientras que la generación fósil aumentó un 27,8% respecto a 2024.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 fija como metas alcanzar un 48% de renovables en el consumo final de energía y un 81% en la generación eléctrica para 2030. APPA advierte de que estos objetivos solo serán viables si se impulsa decididamente la electrificación en industria, edificios y transporte.
“Si queremos cumplir el PNIEC, necesitamos que la electricidad renovable sustituya consumos fósiles. No tiene sentido gravar con un 7% el vector energético que debe crecer”, ha subrayado González Moya.
La asociación señala que buena parte de la fiscalidad eléctrica responde a figuras históricas ya desfasadas, como el Impuesto Especial sobre la Electricidad, creado en 1997 para financiar costes ligados a la minería del carbón, hoy prácticamente inexistente en el mix energético. Además, recuerda que su recaudación está cedida a las comunidades autónomas, lo que exige una reforma coordinada y coherente con los objetivos de descarbonización.
A esta carga se añaden múltiples cánones y tasas sobre el agua, el viento o el suelo, que, según APPA, erosionan la ventaja competitiva que brindan los recursos renovables del país.
La elevada fiscalidad se suma a los desequilibrios del sistema eléctrico, caracterizado por una fuerte incorporación de nueva potencia frente a una demanda estancada. En 2025, las restricciones de red se duplicaron, pasando del 1,6% al 3,2%, lo que, junto al exceso de capacidad, provocó el desaprovechamiento del 18% de la generación renovable, porcentaje que superó el 20% en algunos sistemas insulares.
El impacto también se refleja en el mercado: el 9,2% de las horas de 2025 se registraron a precios cero o negativos. Además, pese a que la potencia renovable instalada creció cerca de un 10%, la producción solo aumentó un 1,2%, mientras que la generación fósil se incrementó un 27,8%, elevando tanto el precio de la electricidad como las emisiones.
APPA Renovables concluye que España necesita señales claras, estabilidad regulatoria y una fiscalidad alineada con la transición energética para recuperar la normalidad operativa del sistema tras el cero eléctrico de abril de 2025. “Existe un consenso social y político hacia la electrificación. Esto debe trasladarse a una actualización de la fiscalidad. Sin certidumbre, no habrá electrificación, eficiencia ni competitividad”, ha concluido González Moya.
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