22 de mayo, 2025 XML
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AEGE, Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, ha celebrado esta mañana su Asamblea Anual. 

En el transcurso de la Asamblea ha sido nombrado presidente de AEGE Carlos Navalpotro, presidente de Asturiana de Zinc, tras finalizar el mandato de José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor. El nuevo presidente agradeció la labor desarrollada por Jainaga en un periodo tan complejo para la industria electrointensiva por la crisis energética.

La Asamblea repasó el ejercicio 2024, un año en el que la demanda eléctrica de los asociados en AEGE aumentó un 6%, lo que revela la importancia que tuvo la reducción de los costes energéticos en la competitividad de la industria electrointensiva, pero “aún estamos lejos de los valores que necesitamos para competir con industrias de países de la Unión Europea y de otras regiones del mundo”, aseguró Carlos Navalpotro, porque “nuestra demanda eléctrica todavía se sitúa un 23% por debajo de la de 2019”.

Según AEGE, esta pérdida de competitividad se debe principalmente a una factura eléctrica que continúa penalizando a la industria electrointensiva. Así, las previsiones para este año indican un precio final para el consumidor electrointensivo español de 56 €/MWh, más del doble que el precio francés, que es de 21 €/MWh, y un 20% por encima del alemán.

La Asamblea analizó los efectos del apagón del pasado 28 de abril en sus asociados, destacando el restablecimiento de la actividad, prácticamente en su totalidad, para dar paso ahora al análisis de los daños operativos y financieros que se han producido. No obstante, AEGE advierte del comportamiento que están teniendo los costes de los servicios de ajuste, que han pasado a ser dos veces los observados hasta ahora, y que no sólo restan competitividad, sino que también inciden negativamente en la firma de los contratos a plazo.

“La existencia de un sobrecoste adicional tan elevado, que no es controlable ni anticipable, es un claro desincentivo a la firma de PPAs”, explicó el presidente de AEGE. En España, la industria electrointensiva hace frente a estos sobrecostes que en la mayoría de países se tratan como costes regulados, a precios conocidos y reducidos, otro aspecto que amplía aún más la brecha con nuestros competidores más directos.

Ante este escenario, AEGE solicita medidas que permitan romper la distancia que aleja al consumidor industrial español de sus principales competidores, en línea con las propuestas recogidas en el Clean Industrial Deal, y que apuntan a la eliminación de las cargas fiscales y parafiscales existentes en la factura eléctrica de los electrointensivos como el camino para recuperar la competitividad.

En este sentido, los asociados de AEGE destacan la escasa efectividad que tienen las ayudas previstas en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo porque, según señala Carlos Navalpotro, “este año, nuestras 91 instalaciones industriales recibirán aproximadamente un total de 600.000 euros, lo que apenas supone 0,04 €/MWh de ayuda media, por lo que reclamamos ampliar el alcance de esta figura para dotarla de la eficacia perseguida dentro de este marco normativo”.

Además, urge prorrogar la reducción del 80% de los peajes eléctricos a los consumidores electrointensivos, medida incluida en el Real Decreto-Ley 9/2024, conocido como decreto ómnibus, y que todavía no se ha recuperado. Según el nuevo presidente de AEGE, “el Gobierno ha asegurado que están trabajando para recuperar lo antes posible esta medida con carácter retroactivo desde que quedó interrumpida el pasado 23 de enero. Confiamos en ello. Sin está reducción nuestra factura se ha visto incrementada en un 5%”. La industria electrointensiva viene reclamando que la reducción del 80% de los peajes se convierta en una medida estructural que les ayude a equipararse con franceses y alemanes.

Desde AEGE también se señala el impacto cada vez mayor del precio de los derechos de emisiones en el mercado eléctrico, de ahí la necesidad de aplicar correctamente los importes correspondientes a estas compensaciones. A pesar del incremento anunciado por el Gobierno para compensar este impacto hasta los 600 millones, estos representan el 66% de lo que correspondería, por encima de los 900 millones, y que resultan esenciales para la competitividad de la industria por la elevada dependencia eléctrica en sus procesos industriales. “Estamos hablando de una mejora para nuestras industrias que compiten con empresas que, o están situadas en regiones cuya ambición climática es mucho menor, o están ubicadas en países europeos que sí ven compensados estos sobrecostes del mercado eléctrico”, comentó Navalpotro.

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