Expertos reclaman en Bilbao un uso más preciso y ajustado del Derecho Penal en la protección del medio ambiente

Esa fue una de las principales conclusiones de la jornada organizada por el clúster ACLIMA, la Asociación Vasca de Empresas Químicas | AVEQ-KIMIKA y el bufete Uría Menéndez en Bilbao, donde más de un centenar de profesionales analizaron el impacto creciente de las investigaciones penales en el ámbito de la gestión ambiental.

El debate, centrado en cómo afrontar las consecuencias legales de un siniestro medioambiental, dejó clara una idea: toda función técnica o directiva implica la asunción de responsabilidades personales, sin excepción, y no siempre quienes las ejercen son plenamente conscientes del alcance real de estas obligaciones.

“La gente teme lo que desconoce. Cuanto más conozca el público la actividad, las instalaciones y las personas de la industria, más confianza tendrá en ella”, se dijo durante el evento, en referencia al principio de transparencia que debe guiar la comunicación pública empresarial. Pero lo mismo ocurre con las responsabilidades: sólo con formación y conciencia se puede gestionar con garantías una situación crítica.

Desde AVEQ-KIMIKA, su secretario general, Luis Blanco-Urgoiti, insistió en la necesidad de que las empresas desarrollen una cultura preventiva sólida, que combine políticas de cumplimiento normativo, formación continua y protocolos claros para la gestión de emergencias.

Procesos más difusos y con escaso rigor técnico

Los expertos coincidieron en que la responsabilidad penal ha adquirido una relevancia creciente en los últimos años, impulsada no solo por normativas más exigentes, sino también por una mayor sensibilidad social ante los delitos ambientales. Esto ha provocado un aumento de causas judiciales, incluso en empresas con buenas prácticas. En muchas de ellas, los procesos se alargan y se difuminan, incluyendo acusaciones populares o informes técnicos con escasa base jurídica, que complican aún más la gestión de las crisis.

Los abogados Jon Salinas y Mario Montes, del despacho Uría Menéndez, explicaron el panorama legal y los aspectos más prácticos que deben tener en cuenta las personas que ocupan puestos de gestión y dirección, haciendo hincapié en que es la esfera de responsabilidad más sensible porque afecta directamente a las personas.

Por su parte, el presidente de Aclima, Xabier Caño, destacó cómo la responsabilidad penal en delitos ambientales se ha visto amplificada en los últimos años, no solo por la normativa más estricta, sino también por el aumento de la sensibilización social, lo que ha llevado a una proliferación de causas judiciales incluso en entornos con las mejores prácticas ambientales.

Responsabilidades múltiples y necesidad de formación

Durante la jornada, se compartieron también recomendaciones prácticas para prepararse ante situaciones de emergencia: planes de crisis, protocolos de actuación, relación fluida con las aseguradoras y una respuesta rápida y coordinada son elementos clave para minimizar tanto el impacto legal como el reputacional tras un incidente.

Otro de los temas destacados fue la diversidad de responsabilidades (penal, civil, administrativa y medioambiental) que pueden recaer sobre distintos actores de una organización, y la necesidad de entenderlas como un todo interconectado. La colaboración con peritos, abogados y cuerpos policiales, así como la gestión adecuada de las relaciones con los grupos de interés, también fue señalada como esencial para un abordaje eficaz de estas situaciones.

La jornada, celebrada en la Torre Iberdrola en Bilbao, consolidó su papel como foro de referencia para la reflexión jurídica y técnica sobre la gestión de riesgos en la industria, en un contexto cada vez más exigente para quienes lideran organizaciones con impacto ambiental.

Tal y como se subrayó en el debate final, el cumplimiento normativo ya no puede limitarse a una visión formalista. “Hoy, más que nunca, implica anticipación, conocimiento y una actitud activa de responsabilidad y transparencia”, afirmó Blanco-Urgoiti.

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