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Con la nueva reglamentación, la valorización del digerido entra a competir con el mercado tradicional de fertilizantes minerales, lo que exige soluciones individuales y competitivas.
La valorización del digerido es un eje fundamental en cualquier proyecto de bioenergía. Siempre lo ha sido, pero, ahora, en un sector más maduro en el que diferentes plantas de biometano ya están inyectando este gas renovable a red, la gestión de este proceso cobra más relevancia en un contexto en el que “ha habido mensajes que han llegado a distorsionar el sector”.
Ha sido una de las conclusiones destacadas por Carlos Esteban, director técnico de una firma referente en la gestión y valorización de residuos orgánicos como Grupo Valora, en la 18ª edición del Congreso Internacional de Bioenergía celebrado en Valladolid, que ha puesto sobre la mesa los principales desafíos técnicos, normativos y económicos de este proceso.
Más allá de poner en duda esa visión actual de que el poseedor de esos residuos debe cobrar por ellos por norma general, durante este foro se ha relacionado esta percepción con haber subestimado los costes en los planes de negocio de estos proyectos de bioenergía. Además, los expertos han destacado la necesidad de afrontar esta gestión desde de la realidad agrícola donde se ubica la planta.
“Toda esta gestión debe partir desde el entorno. Hay que definirlo muy bien, empaparse y conocer al dedillo factores como el tipo de fertilizantes demandados, el calendario de siembra, el tipo de agricultura de la zona, o el porcentaje de barbecho”, ha explicado Carlos Esteban, relacionando esta fórmula con una pregunta clave y común en estos proyectos: “Lo que nos tenemos que preguntar es cómo conseguir que el digestato generado sea demandado. Este trabajo consiste en convertir nuestra oferta en lo que ese mercado agrícola del entorno demanda. De ahí parten las soluciones”.
Durante este Congreso Internacional de Bioenergía, celebrado de forma paralela a la 5ª Edición del Salón del Gas Renovable, también se ha abordado como reto fundamental el poder encajar todo ese proceso en un contexto normativo-administrativo que muchas veces se convierte en un “dilema regulatorio”. Cuando estos subproductos orgánicos salen de una planta de tratamiento, se pueden registrar como fertilizantes que pasan a competir con las alternativas químicas tradicionales, pero siempre adecuándose a la reglamentación de aplicación agrícola, fertilización sostenible e incluso a normativas de agua o de restricciones de aplicación por proximidad a zonas ambientales.
“A medida que vamos aterrizando niveles administrativos, la interpretación de una norma del ministerio puede variar en función de cada comunidad, y lo mismo ocurre con los municipios, donde las ordenanzas municipales de los ayuntamientos pueden prohibir la aplicación de estos subproductos precisamente cuando se abre la ventana de valorización”, ha destacado el director técnico de Grupo Valora, que actualmente gestiona un millón de toneladas de residuos al año.
Todos los factores destacados en este foro implican un árbol de decisiones de gran magnitud y que ya están obligando a los propietarios de estas plantas a realizar estudios ad hoc para realizar todo este proceso. De hecho, se trata de un camino que, en muchas ocasiones, tienen que abordar firmas especializadas en la gestión y valorización de estos residuos.
Tal y como se ha concluido en el Congreso, se trata de encajar la reglamentación con el trabajo de la planta y la perspectiva de un agricultor que busca comodidad y fiabilidad desde la seguridad de uso y el cumplimiento de requisitos agronómicos. Un puzle que ya se ha convertido en el condicionante fundamental para la viabilidad de muchos proyectos que, tal y como los define Carlos Esteban, “ya dependen más del campo que del gasómetro”.
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