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Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Acciona se mantienen como los principales actores del sector eléctrico en España, según las últimas resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el año 2024.
Estas compañías continúan liderando el mercado como operadores principales, una posición que se define por tener una de las cinco mayores cuotas del mercado.
En el sector gasista, los nombres de Naturgy, Endesa, Repsol e Iberdrola permanecen, incorporándose Moeve y desplazando a Axpo Iberia. Para el sector de carburantes, Repsol, Moeve, BP España, Nieves Family Corporation y Hatta Energy son los operadores principales destacados. Respecto a los gases licuados del petróleo (GLP), Repsol, Moeve, Gasib Sociedad Ibérica de Gas Licuado, BP España y Disa Corporación Petrolífera ocupan las posiciones de liderazgo.
La normativa vigente establece limitaciones significativas para aquellas personas o entidades que participen en el capital o los derechos de voto de múltiples operadores principales en el mismo mercado. Superar un umbral del 3% de participación implica la obligación de comunicar a la CNMC sobre el operador en el cual ejercerán los derechos de voto sin restricciones, a menos que obtengan autorización previa conforme al RD-Ley 6/2000.
Endesa e Iberdrola encabezan la lista de operadores dominantes en el sector eléctrico, tanto en la actividad general como en el suministro y generación de electricidad, donde también se incluyen Naturgy y EDP. Un operador dominante, definido por una cuota de mercado superior al 10%, está sujeto a obligaciones específicas como su participación en mecanismos de asignación de energía inframarginal gestionable y no emisora.
En cuanto al gas natural, Naturgy, Endesa y Repsol son los operadores dominantes, mientras que, en el sector de carburantes, Repsol y Moeve figuran en esta categoría. Asimismo, en el sector de gases licuados del petróleo, Repsol y Moeve mantienen su posición como operadores dominantes. Las normativas aseguran que estos operadores cumplan con las obligaciones para fomentar la competencia y garantizar la liquidez en los mercados energéticos.
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