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La Unión Europea (UE) ya ha puesto en marcha -desde ayer, 1 de enero de 2026- varias normas clave impulsadas en el marco del Pacto Verde y del refuerzo del mercado interior, entre las que destaca el inicio de la fase definitiva del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), conocido como el ´arancel al carbono´ europeo.
A partir de esa fecha, los importadores de determinados productos intensivos en emisiones –como el acero, hierro, cemento, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad– deberán pagar por el CO2 incorporado en los bienes que entren en la UE.
Tras un periodo transitorio entre 2023 y 2025 en el que sólo se exigía la notificación de emisiones, el sistema pasará a requerir la compra y entrega de certificados CBAM, cuyo precio estará vinculado al mercado europeo de derechos de emisión (EU ETS).
La medida busca evitar la fuga de carbono y garantizar una competencia equitativa entre productores europeos y extracomunitarios.
El pasado junio, las instituciones de la UE llegaron a un acuerdo para simplificar este arancel que, en la práctica, eximirá al 90 % de las empresas de tener que pagar este recargo una vez se empiece a aplicar en 2026.
Patronales del sector como la Asociación Española del Aluminio (AEA) reclamaron este otoño que se paralizara su aplicación hasta que se revisaran sus parámetros para este metal, puesto que sostuvieron que, tal y como está planteado, sería un "desastre" para el sector.
También entrará en vigor el reglamento que crea una plataforma común de datos sobre sustancias químicas, destinada a mejorar la seguridad, la transparencia y la coordinación en la gestión de información sobre productos químicos en la UE.
La iniciativa refuerza el marco regulatorio europeo en materia de salud pública, medio ambiente e industria, y facilita el acceso a datos tanto a las autoridades como a empresas y ciudadanos.
Asimismo, desde el 1 de enero de 2026 se aplican las actualizaciones de los umbrales de contratación pública y concesiones para los años 2026 y 2027, aprobadas mediante reglamentos delegados.
Estos ajustes adaptan los importes a partir de los cuales se aplican las normas comunitarias de contratación a la evolución económica y a los compromisos internacionales de la UE.
Finalmente, también entra en vigencia desde ayer el nuevo Reglamento sobre la Seguridad de los Juguetes, adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo, que refuerza la protección de los niños frente a sustancias químicas peligrosas y mejora el cumplimiento de la normativa comunitaria.
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