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La central nuclear de Hinkley Point C, en construcción en Somerset, suroeste de Inglaterra, se ha convertido en la mayor obra en marcha de Europa. Este megaproyecto energético ejemplifica cómo los retrasos y las estrictas normativas pueden afectar a proyectos de esta envergadura.
Con una capacidad prevista de 3,2 GW, suficiente para abastecer a seis millones de hogares, la planta es un componente fundamental de la estrategia británica de electricidad baja en carbono. Está diseñada para operar durante seis décadas, sustituyendo gradualmente las unidades nucleares más antiguas.
Desde su aprobación, Hinkley Point C ha experimentado un aumento significativo en su presupuesto. En 2016, el coste estimado era de 18.000 millones de libras, con un inicio de operaciones previsto para 2025. Sin embargo, sucesivas revisiones llevaron a EDF, la empresa estatal francesa responsable del proyecto, a anunciar en febrero de 2026 un coste de 35.000 millones de libras en valores de 2015. En términos actuales, esta cifra se acerca a los 49.000 millones de libras.
El principal motivo de este aumento de costes reside en factores de ingeniería civil y en la prolongación de la fase electromecánica. Adaptar el reactor EPR a la normativa británica requirió aproximadamente 7000 cambios de diseño, lo que resultó en un mayor consumo de materiales: un 35% más de acero y un 25% más de hormigón en comparación con plantas similares.
El proyecto integra tecnología EPR, una cadena de suministro global y un marco regulatorio que prioriza la seguridad nuclear y el control continuo. Esto hace que cada modificación de diseño sea especialmente costosa, pero esencial para cumplir con los estándares nacionales y europeos.
El uso de agua del estuario del Severn para refrigeración, con un caudal de hasta 120.000 litros por segundo, ha suscitado críticas por su impacto en peces y hábitats migratorios. EDF ha implementado un sistema de disuasión acústica y medidas para el retorno de peces, popularmente conocido como “discoteca de peces”. Sin embargo, los ambientalistas cuestionan la eficacia y el coste de estas soluciones.
El primer reactor se prevé operativo para 2030, cinco años más tarde de lo previsto inicialmente. Este retraso conlleva un aumento de los costes indirectos y una mayor exposición a la inflación de materiales y mano de obra especializada. A pesar de ello, el gobierno británico mantiene que la planta seguirá siendo una infraestructura estratégica para garantizar el suministro eléctrico firme y avanzar en la descarbonización.
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