Empresas Premium
.jpg){kind=logo}
El sector gasista ha realizado una primera valoración de las propuestas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) relativas a las metodologías de retribución de las actividades reguladas de Transporte, Regasificación y Distribución de gas natural para el periodo 2027–2032.
Las propuestas de nueva metodología retributiva suponen una evolución del modelo vigente, al mantener sus principios fundamentales e incorporar nuevos elementos orientados a responder a los retos de la transición energética, en particular en materia de descarbonización, digitalización de infraestructuras y adaptación operativa para los gases renovables.
El sector valora la decisión de la CNMC de preservar la arquitectura básica del modelo, lo que aporta estabilidad y previsibilidad regulatoria, al tiempo que introduce señales económicas orientadas a la modernización del sistema.
Asimismo, las propuestas avanzan hacia un enfoque que reconoce a las infraestructuras gasistas como activos estratégicos del sistema energético, esenciales para garantizar la seguridad de suministro, la competitividad de la economía y el avance ordenado hacia la descarbonización.
Entre los aspectos más relevantes de las propuestas, el sector subraya la incorporación de nuevos incentivos orientados a:
Estos elementos refuerzan el papel del sistema gasista como infraestructura habilitadora de la transición energética, en línea con los objetivos de política energética nacional y europea.
Sin perjuicio de esta valoración, el sector considera necesario introducir importantes ajustes que garanticen un marco retributivo suficiente y razonable para el conjunto de las actividades reguladas, capaz de sostener las nuevas exigencias del sistema.
En términos generales, se aprecia que el reconocimiento de determinadas variables económicas relevantes, como la evolución de los costes por efectos de la inflación en el segundo periodo regulatorio, no se produce de manera completa para el conjunto de las actividades reguladas, lo que aconseja una revisión desde la perspectiva de la consistencia y el equilibrio del modelo retributivo.
Además, se señala que la reconfiguración del esquema de incentivos debe garantizar una transición ordenada y sin impactos asimétricos entre operadores con realidades comparables.
Asimismo, considera necesario reconsiderar el impacto del refuerzo de la disciplina financiera y de las penalizaciones asociadas, así como de las nuevas exigencias de información, para evitar efectos no deseados sobre la capacidad de inversión y la operativa del sistema.
El sector recuerda que el próximo periodo regulatorio estará marcado por desafíos estructurales relevantes, como la integración de gases renovables, la adaptación de infraestructuras existentes y la garantía de la seguridad de suministro. Es preciso un marco retributivo que asegure una adecuada cobertura económica de todas las actividades del sector y evite trasladar al sistema riesgos de infra inversión o deterioro de la calidad del servicio.
Por ello, considera imprescindible que el nuevo marco retributivo asegure:
Las propuestas consolidan un enfoque hacia un modelo que prioriza la eficiencia, la disciplina financiera, la calidad del dato regulatorio y la contribución a la transición energética, superando definitivamente la lógica de ajuste del periodo anterior.
El sector considera esta evolución coherente con el contexto energético, pero subraya la necesidad de que su implementación respete principios esenciales:
En particular, se considera necesario revisar determinados aspectos relacionados con las obligaciones de información regulatoria y los mecanismos de penalización asociados, de forma que exista proporcionalidad, es decir, una adecuada correspondencia entre la naturaleza de los incumplimientos y sus efectos económicos.
El régimen de prudencia financiera y de reporte no debe derivar en penalizaciones automáticas o desproporcionadas que comprometan la estabilidad económico-financiera sin aportar mejoras a la eficiencia regulatoria.
El sistema gasista está llamado a desempeñar un papel esencial en la transición energética como infraestructura habilitadora para el despliegue de gases renovables, incluyendo el biometano, el hidrógeno renovable y otros gases de bajo carbono.
Las propuestas regulatorias avanzan en esta dirección mediante la introducción de incentivos específicos, lo que supone un reconocimiento positivo del papel de las infraestructuras en la descarbonización.
Sin embargo, el sector considera necesario señalar que el diseño actual de estos incentivos presenta fuertes y relevantes limitaciones desde el punto de vista de su efectividad y equilibrio regulatorio.
En particular, una parte sustancial de los factores que determinan el desarrollo real de los gases renovables —como la tramitación administrativa, la planificación territorial, los marcos de apoyo a la producción o el desarrollo de la demanda— dependen de decisiones de las distintas administraciones públicas y de terceros agentes, quedando fuera del ámbito de control de los operadores de infraestructuras.
En este contexto, el esquema propuesto introduce un elevado riesgo de desalineación entre los incentivos regulatorios y la capacidad real de actuación de las empresas, pudiendo trasladar al sistema gasista una exposición más intensa a variables exógenas y, por tanto, una mayor incertidumbre en la materialización efectivas de los incentivos.
Por ello, el sector considera imperioso y necesario avanzar hacia un diseño que asegure una asignación equilibrada de riesgos y responsabilidades, evitando que la percepción de incentivos quede condicionada por factores no gestionables por los operadores.
Asimismo, resulta imprescindible reforzar la coherencia entre el marco retributivo y el conjunto de políticas públicas, de manera que se generen condiciones efectivas para el desarrollo de toda la cadena de valor —producción, inyección y consumo— y se eviten señales económicas que, en la práctica, puedan resultar inciertas o difícilmente ejecutables.
En definitiva, el despliegue de los gases renovables exige un enfoque más integral, en el que la regulación económica de las infraestructuras vaya acompañada de políticas públicas claras, coordinadas y suficientemente ambiciosas, garantizando un entorno estable que permita movilizar las inversiones necesarias con visibilidad y certidumbre.
Sedigas reitera el compromiso del sector gasista de participar de forma activa y constructiva en el proceso de consulta pública abierto por la CNMC, con el objetivo de contribuir al diseño de un marco regulatorio que combine eficiencia, sostenibilidad y competitividad.
El sector mantiene su voluntad de mantener un diálogo constructivo, técnico y riguroso con la CNMC y las administraciones públicas, con el objetivo de contribuir a la definición de un marco regulatorio que garantice la sostenibilidad económica del sistema, favorezca la inversión y modernización de las infraestructuras, refuerce la seguridad de suministro y acelere la transición energética de forma eficiente y ordenada
En este contexto, el sector trasladará sus observaciones en el marco del proceso de consulta pública, con una actitud constructiva y orientada a la mejora del modelo.
El sistema gasista español ha demostrado ser un pilar esencial para la seguridad energética y está llamado a desempeñar un papel clave en la transición hacia un modelo descarbonizado. Para ello, resulta fundamental contar con un marco regulatorio que combine ambición transformadora con equilibrio económico, estabilidad y proporcionalidad.
|
