Geyser HPC obtiene la primera acreditación para inspecciones de contaminación subterránea

El Real Decreto 665/2023, ha sido desarrollado por la Orden TED/739/2025 por la que se establece el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica (ECAH) en materia de aprovechamientos y protección de las aguas del dominio público hidráulico, a través de la cual, a su vez han sido aprobados y publicados los protocolos ECAH de Actuaciones de Protección Aguas Subterráneas frente a la Contaminación Puntual y de Muestreo en Emplazamientos Contaminados.

Entre las funciones de las ECAH definidas por la orden, se encuentran la elaboración de estudios hidrogeológicos e informes requeridos para la gestión del dominio público hidráulico en materia de protección de las aguas subterráneas; los estudios de caracterización y diagnóstico relativos a la contaminación puntual de las mismas; los análisis de riesgos asociados a dicha contaminación; los informes de situación, seguimiento, monitorización y control de la calidad de las aguas subterráneas y los proyectos de descontaminación de las aguas subterráneas contaminadas y sus informes asociados.

Estas disposiciones establecen que las actividades de inspección en el marco del real decreto solo pueden ser realizadas por entidades designadas como ECAH, para cuya designación es requisito disponer de una acreditación conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020.

Se trata de un ejemplo más de cómo la acreditación es una herramienta cada vez más utilizada por las diferentes administraciones para la consecución de sus objetivos de políticas públicas, ya que permite identificar a las entidades de inspección que han demostrado formalmente su competencia técnica e imparcialidad para realizar sus actividades aportando confianza a las administraciones sobre la fiabilidad de sus resultados.

En la actualidad, cerca de 400 disposiciones europeas, nacionales, autonómicas y locales, incorporan la acreditación para garantizar la fiabilidad de los productos y servicios, desarrollar mercados seguros y reforzar la protección de los consumidores en áreas tan diversas como la seguridad industrial, la salud pública o la protección medioambiental, entre otras.

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