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Repsol ha advertido del impacto que pueden tener sobre el suministro de crudo las nuevas exigencias de la Unión Europea para reducir las emisiones de metano asociadas a los combustibles fósiles importados.
La compañía estima que alrededor del 90 % de sus contratos actuales de suministro de petróleo podrían no cumplir inicialmente los requisitos que comenzarán a aplicarse el próximo 1 de enero.
Según explicó Luis Cabra, consejero delegado adjunto y director general de Transición Energética de Repsol, la compañía solo ha podido confirmar hasta ahora el cumplimiento de los nuevos requisitos para aproximadamente entre el 10 % y el 15 % de sus suministros de crudo. La dificultad reside principalmente en que algunos productores y suministradores internacionales no están incorporando a sus contratos la información necesaria sobre sus emisiones de metano.
La normativa europea establece desde el 1 de enero de 2027 obligaciones de monitorización, reporte y verificación (MRV) para las importaciones de crudo, gas natural y carbón. Los importadores deberán demostrar que los combustibles proceden de jurisdicciones con requisitos equivalentes a los europeos o que los productores de petróleo y gas cumplen determinados niveles del estándar OGMP 2.0.
Para las refinerías, el cambio introduce un nuevo elemento en la gestión del suministro. Repsol ha señalado que sus cinco refinerías españolas están configuradas para procesar determinados crudos pesados y que sustituirlos por variedades más ligeras podría afectar a sus márgenes y, en algunos casos, no resultar técnicamente adecuado.
La regulación contempla además nuevas obligaciones en los años siguientes. Desde agosto de 2028 los importadores deberán comunicar la intensidad de metano de los crudos comercializados en la UE, mientras que a partir de 2030 se aplicarán valores máximos de intensidad para determinados contratos.
El debate sobre la aplicación de estas medidas se ha intensificado en las últimas semanas. Francia ha solicitado a la Comisión Europea un aplazamiento de un año, mientras varios Estados miembros han planteado también la necesidad de flexibilizar el calendario. La Comisión, por el momento, mantiene la entrada en aplicación prevista para enero de 2027.
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