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La Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos (AEVERSU) ha solicitado que las plantas de valorización energética de residuos municipales queden excluidas del régimen europeo de comercio de derechos de emisión (EU ETS).
La entidad reclama al Gobierno español que defienda esta posición durante la tramitación de la nueva normativa comunitaria, ante el riesgo de que el encarecimiento del tratamiento dificulte la reducción del vertido y el cumplimiento de los objetivos europeos de economía circular.
La propuesta de revisión del EU ETS contempla incorporar la incineración y coincineración de residuos no peligrosos a partir de 2031, con una aplicación progresiva de las obligaciones de entrega de derechos de emisión hasta alcanzar el 100 % en 2034.
Según AEVERSU, esta medida podría incrementar significativamente los costes de las instalaciones que transforman en electricidad, vapor o calor la fracción de residuos que no puede recuperarse mediante reciclaje. La asociación considera que el impacto económico debe evaluarse teniendo en cuenta las necesidades de tratamiento de residuos de cada Estado miembro y el riesgo de que aumente la competitividad económica del vertido frente a otras alternativas.
Las estimaciones económicas de AEVERSU apuntan a que, con un precio del carbono de 175 euros por tonelada de CO₂ en 2035, el coste asociado al EU ETS podría alcanzar los 87,5 euros por tonelada de residuo tratado. En 2040, con un precio de 229 euros por tonelada de CO₂, el sobrecoste ascendería a 114,5 euros por tonelada.
La asociación calcula que este escenario supondría un impacto económico anual de aproximadamente 274 millones de euros. Estos costes podrían trasladarse a los ciudadanos mediante incrementos de las tasas de residuos o repercutirse en el gasto público destinado a los contratos de tratamiento.
Joaquín Pérez Viota, presidente de AEVERSU, sostiene que la reducción de las emisiones fósiles debe abordarse desde el diseño de los productos, los materiales y los envases, así como desde su reciclabilidad. A su juicio, gravar el residuo una vez que llega a la planta no modifica su composición ni permite actuar directamente sobre el origen de las emisiones.
AEVERSU defiende que la valorización energética constituye una alternativa complementaria a la prevención, la reutilización y el reciclaje, al permitir tratar la fracción residual que no puede recuperarse por otras vías.
La organización advierte de que un incremento de los costes de esta actividad podría desincentivar su utilización y favorecer el envío de residuos a vertedero, lo que dificultaría el cumplimiento de los objetivos europeos de reducción de la eliminación de residuos.
En este sentido, la asociación compara las emisiones de ambas alternativas y señala que, según los datos técnicos que maneja, el vertido genera 772 kilogramos de CO₂ equivalente por tonelada, frente a los 224 kilogramos asociados a la valorización energética. Estas cifras dependen de las hipótesis y los límites del análisis utilizado, por lo que deben interpretarse dentro de esa metodología de cálculo.
La entidad también subraya que el impacto de la revisión del EU ETS puede variar entre países, en función de sus infraestructuras disponibles, su dependencia del vertedero y las posibilidades de recuperación energética y captura de carbono.
La petición de AEVERSU se enmarca en el debate sobre cómo coordinar los instrumentos de política climática con los objetivos europeos de gestión de residuos. Mientras el sistema de comercio de emisiones busca introducir un coste económico para el CO₂ generado, el sector de la valorización energética advierte de que su aplicación puede alterar el equilibrio entre las distintas opciones de tratamiento.
La asociación reclama, por tanto, excluir esta actividad del régimen europeo y orientar las medidas de reducción del carbono fósil hacia las fases previas de producción y diseño de los productos.
La decisión sobre el alcance definitivo de la revisión normativa será determinante para la planificación de inversiones y la evolución de los costes de tratamiento de residuos municipales en España, en un contexto en el que la reducción del vertido continúa siendo uno de los principales retos de la política europea de economía circular.
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