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La Orden INT/1070/2026 establece los criterios para prevenir y controlar los accidentes con sustancias peligrosas y homogeneizar los planes de emergencia. El nuevo marco refuerza la evaluación de riesgos, el análisis de escenarios accidentales y la coordinación entre las administraciones públicas.
La planificación de emergencias ante accidentes graves en instalaciones que fabrican, almacenan o manipulan sustancias peligrosas cuenta con un nuevo marco de referencia en España. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de octubre la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil, publicada mediante la Orden INT/1070/2026 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de octubre y aplicable desde el día siguiente.
La directriz sustituye al marco aprobado en 2003 y establece criterios mínimos comunes para la prevención y el control de accidentes graves, así como para la planificación de emergencias en los establecimientos incluidos en el ámbito del Real Decreto 840/2015, que incorpora al ordenamiento español la Directiva Seveso III.
La actualización se enmarca en la evolución del Sistema Nacional de Protección Civil y en la necesidad de disponer de criterios homogéneos para gestionar riesgos que pueden tener consecuencias sobre las personas, el medio ambiente y los bienes, tanto dentro como fuera de las instalaciones industriales.
Uno de los elementos centrales de la nueva directriz es la definición de los contenidos técnicos que deben contemplar los análisis de riesgo y los planes especiales de protección civil. Estos instrumentos deben identificar los peligros asociados a las sustancias y los procesos, estimar las consecuencias de posibles accidentes y determinar las zonas que podrían verse afectadas.
El análisis debe contemplar fenómenos mecánicos, como ondas de presión y proyectiles; térmicos, como la radiación; y químicos, como la formación de nubes tóxicas o la contaminación ambiental provocada por fugas y vertidos.
La evaluación incluye también el estudio de la vulnerabilidad de las personas, el medio ambiente y los bienes, así como la identificación de posibles accidentes por efecto dominó, en los que un suceso puede desencadenar otros en la misma instalación o en establecimientos próximos.
La directriz establece criterios para documentar las hipótesis accidentales, justificar las metodologías empleadas y representar gráficamente las zonas de intervención y alerta. También contempla el uso de modelos de cálculo reconocidos para estimar las consecuencias y, cuando resulte necesario, metodologías de análisis cuantitativo del riesgo.
Estas evaluaciones constituyen una base técnica para definir las medidas de prevención, control y mitigación, así como para planificar la respuesta ante las distintas situaciones de emergencia.
La norma establece los criterios que deben orientar la elaboración de los planes especiales de emergencia de las comunidades autónomas, conocidos como planes de emergencia exterior (PEE). Estos documentos organizan los recursos y procedimientos necesarios para responder ante un accidente grave que pueda afectar a la población, el entorno o las infraestructuras.
La planificación debe concretar cómo se coordinan los medios de las distintas administraciones y entidades implicadas, así como los procedimientos de actuación y de información a la población. La directriz contempla igualmente la asistencia entre comunidades autónomas cuando las consecuencias potenciales de un accidente puedan superar los límites territoriales de la región donde se ubica el establecimiento.
En el ámbito estatal, el plan correspondiente debe prever la dirección y coordinación de las administraciones en emergencias de interés nacional, además de los mecanismos de apoyo a los planes autonómicos y de colaboración internacional cuando proceda.
La planificación también debe apoyarse en la información contenida en los informes de seguridad de los establecimientos afectados. Estos documentos permiten identificar los riesgos relevantes, valorar los posibles accidentes graves y definir las salvaguardias tecnológicas y los procedimientos destinados a evitar o mitigar sus consecuencias.
La aprobación de esta directriz proporciona una referencia actualizada para la planificación de emergencias asociadas a sustancias peligrosas. Su aplicación afecta especialmente a la elaboración y revisión de los instrumentos de protección civil y a la información técnica que sustenta las decisiones sobre prevención y respuesta ante accidentes.
La directriz incluye, además, criterios relativos a la autoprotección, los informes de seguridad, las inspecciones y el contenido de la información básica necesaria para planificar las actuaciones. Los planes aprobados deben ser accesibles al público, de acuerdo con las condiciones establecidas en el propio texto.
Para los operadores industriales, el alcance concreto de las actuaciones que deban realizarse dependerá de las disposiciones aplicables a cada establecimiento, de los instrumentos de planificación afectados y de las decisiones de las autoridades competentes. La aprobación de la directriz no debe interpretarse, por sí sola, como la imposición automática de una obligación idéntica e inmediata de modificar todos los procedimientos internos de todas las instalaciones químicas.
La nueva regulación se integra en el marco formado por la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, el Real Decreto 524/2023, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, y el Real Decreto 840/2015, relativo a los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
Con esta actualización, España dispone de una nueva referencia técnica para coordinar la prevención y la respuesta ante accidentes químicos graves. La identificación de escenarios accidentales, la evaluación de sus consecuencias y la coordinación de los recursos de emergencia se consolidan como elementos fundamentales para proteger a la población y reducir el impacto de los incidentes industriales.
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