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HATTA Energy está a la que espera de que la Administración del Estado resuelva por fin los recursos presentados contra la decisión de la Delegación de la Agencia Tributaria en Galicia de negarle la condición de “operador confiable”, una posición que la compañía gallega ha llevado a la Justicia ordinaria a través de una querella que ha sido admitida a trámite y cuyos hechos presuntamente irregulares están siendo investigados por una juez.
Los funcionarios de Hacienda en Galicia justifican su denegación al asegurar que HATTA no muestra solvencia financiera suficiente. La compañía se pregunta: “¿Cómo es posible que estos funcionarios se nieguen a acreditar nuestra solvencia cuando en los primeros nueve meses del año 2026 se han facturado 3.451 millones de euros, casi los mismos que en todo el ejercicio 2025 (3.500 millones)? ¿Cómo es posible mantener la denegación cuando en estos nueve meses HATTA ha sido capaz de pagar por adelantado y a rajatabla 543 millones de euros de IVA? ¿Qué empresa no solvente es capaz de acreditar estos números? ¿Qué empresa no solvente adelanta con rigor el 110 por ciento del IVA cada mes?”. Por estas “razones tan elementales y palmarias”, HATTA espera una positiva resolución de la Administración.
La empresa, que es el cuarto operador de hidrocarburos de España, tiene comprometidas con la Xunta de Galicia desde hace un año una serie de inversiones para producir biodiésel y convertir el territorio en un hub de combustible verde, inversiones condicionadas a que HATTA obtenga la condición de confiable. Este plan de HATTA en Galicia no acaba con estas inversiones industriales, sino que tiene previsto una serie de actuaciones de carácter netamente social para anclarse definitivamente a la región.
La compañía tiene pendiente la concesión por parte de la Agencia Tributaria en Galicia de la condición de “operador confiable”. Se trata de una figura de nuevo cuño que entró en vigor en enero y que establece cuatro condiciones para su resolución. La compañía cumple las cuatro, pero la demora de una resolución favorable del expediente está dejando a HATTA en un limbo que obliga a adelantar el 110 por ciento del IVA en cada operación, creando así un problema financiero que repercute en la salud de la empresa y en su capacidad para invertir.
Esta situación genera, además, un embudo en la libre competencia en el mercado y una incidencia real en los precios que los ciudadanos pagan en las gasolineras. Esta "arbitrariedad" de una norma “claramente ilegal” también se está investigando en un contencioso en la Audiencia Nacional a instancias de varias empresas afectadas.
El CEO de HATTA, Javier Alonso, lamenta que "mientras la escalada de precios golpea a los ciudadanos", lo lógico sería que desde el Gobierno y la Administración se velara por "el principio de proporcionalidad, ampliamente reconocido en el derecho de la competencia europeo, que exige que la intensidad de una exigencia regulatoria guarde relación con el riesgo real que pretende evitar, y no con el tamaño del operador al que se aplica. La dificultad -explica Alonso- surge en la configuración de la condición de “operador confiable” decretada por el Gobierno. La anticipación del 110 por ciento del IVA a las empresas que no son reconocidas para la etiqueta de confiable, por meras barreras arbitrarias, es una norma de dudosa legalidad, ya que destroza la libertad de empresa y la competencia alterando la legislación europea. De hecho, hay un procedimiento abierto por varias empresas afectadas en la Audiencia Nacional", recuerda Alonso, "un absurdo dada la coyuntura dramática para la economía nacional".
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