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La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) ha presentado un decálogo de propuestas para la próxima legislatura con el objetivo de reducir la dependencia energética exterior de España, reforzar la competitividad empresarial y aprovechar los recursos renovables autóctonos.
La organización reclama un consenso político que permita desarrollar una estrategia energética de largo plazo, con acuerdos estables entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
La propuesta parte de un diagnóstico sobre la vulnerabilidad energética del país. Según los datos recogidos por APPA, España importa el 68,4 % de la energía que consume y registró en 2025 un déficit comercial energético de 29.292 millones de euros. Frente a esta dependencia, la asociación destaca que las renovables evitaron el pasado año importaciones de combustibles fósiles por valor de 14.814 millones de euros y sostuvieron 140.621 empleos directos e indirectos.
El decálogo plantea, en primer lugar, establecer objetivos medibles para reducir las importaciones de petróleo y gas, acompañados de una fiscalidad estable que no penalice las inversiones renovables. En este sentido, APPA propone suprimir el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y revisar los tributos autonómicos que afectan al desarrollo de estas tecnologías.
Una de las líneas de actuación con mayor incidencia para la industria es el impulso de la electrificación de la demanda. La asociación propone establecer una senda nacional para extenderla a los procesos industriales, el transporte y los edificios, así como reducir la carga fiscal sobre la electricidad y fomentar el autoconsumo y las baterías mediante deducciones de, al menos, el 25 % de la inversión.
APPA considera que disponer de energía competitiva debe convertirse en una ventaja para atraer nuevas inversiones industriales y generar empleo. Para ello, plantea mantener un diálogo estable con los sectores que quieren implantarse en España, de forma que puedan aprovechar la generación renovable disponible.
El documento también reclama reforzar la resiliencia del sistema eléctrico mediante el desarrollo de redes, almacenamiento y flexibilidad de la demanda. Entre las medidas propuestas figuran un plan nacional de bombeo hidráulico y almacenamiento de larga duración, la modernización de las centrales hidroeléctricas y una hoja de ruta que permita finalizar la operación reforzada del sistema cuando estén garantizadas las condiciones técnicas de seguridad.
La asociación incluye, además, una mayor participación de las renovables y las baterías en los servicios destinados a mantener la estabilidad del suministro, con el objetivo de aprovechar mejor la generación disponible y reducir la dependencia de las centrales de gas.
Otra de las prioridades es acelerar el desarrollo de los gases renovables. APPA estima que España podría movilizar entre 25 y 35 TWh anuales de biometano en 2035, aprovechando residuos y recursos propios y generando nuevas oportunidades económicas en el medio rural. Para avanzar hacia ese potencial, propone armonizar los procedimientos administrativos, facilitar los contratos a largo plazo y revisar los costes de conexión de las instalaciones.
En el ámbito del transporte, el decálogo plantea aumentar las mezclas de biocarburantes, avanzando del gasóleo B7 al B10 y de la gasolina E5 a la E10, como vía complementaria a la electrificación para reducir el consumo de combustibles fósiles.
La organización también reclama agilizar la tramitación de los proyectos renovables mediante criterios comunes, plazos máximos y documentación homogénea entre comunidades autónomas. A ello suma una Hoja de Ruta Nacional de Repotenciación para modernizar el parque eólico y producir más electricidad con menos aerogeneradores.
El documento contempla asimismo medidas para reconocer el papel de la biomasa, garantizar la continuidad y modernización de las centrales hidráulicas y fomentar la participación de las comunidades locales en los proyectos energéticos.
El decálogo se completa con una apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación, mediante programas estables que faciliten la demostración y el escalado industrial de nuevas tecnologías, así como una mayor transferencia de conocimiento entre universidades, centros de investigación y empresas.
En este contexto, APPA solicita convocar la primera subasta de eólica marina en España, un ámbito en el que considera que el país dispone de capacidades tecnológicas e industriales que pueden contribuir al desarrollo de una nueva cadena de valor.
Para José María González Moya, director general de APPA Renovables, la seguridad de suministro, la competitividad empresarial, la creación de empleo, la cohesión territorial y la descarbonización son objetivos compartidos que requieren colaboración entre las distintas fuerzas políticas.
La asociación defiende, en definitiva, que la estabilidad regulatoria y la coordinación institucional son condiciones necesarias para transformar el potencial renovable español en una ventaja energética e industrial, reducir la exposición a los mercados internacionales de combustibles y favorecer nuevas inversiones productivas.
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