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Tras más de 25 años de negociaciones, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur se encuentra en un momento decisivo. En una etapa marcada por tensiones geopolíticas, reconfiguración de las cadenas de suministro y una competencia global cada vez más intensa, seguir retrasando su ratificación enviaría una señal equivocada al tejido industrial europeo, y de manera muy especial al de la Comunitat Valenciana.
Joaquín García Vilar
La industria química valenciana es uno de los pilares del tejido productivo. Genera empleo estable y cualificado, aporta un elevado valor añadido y mantiene una clara vocación exportadora, siendo un proveedor esencial para sectores clave como la automoción, la cerámica, la agroindustria, la construcción, la detergencia, los plásticos y la salud. Sin embargo, atraviesa una coyuntura compleja, marcada por una demanda contenida, costes crecientes —especialmente energéticos y regulatorios— y una presión competitiva cada vez mayor por parte de productores extracomunitarios.
En este escenario, el acuerdo UE–Mercosur debe entenderse como una herramienta estratégica para reforzar la competitividad industrial. Para una industria como la química, intensiva en inversión, tecnología y cumplimiento normativo, la apertura de nuevos mercados y la reducción de barreras comerciales son palancas esenciales para sostener actividad y empleo.
Mercosur representa un mercado de más de 260 millones de consumidores, con una base industrial en expansión y una demanda creciente de productos químicos, especialidades, formulados, materiales avanzados y soluciones para tratamiento de aguas, ámbitos en los que muchas empresas valencianas cuentan con experiencia, tecnología y capacidad exportadora. La eliminación progresiva de aranceles prevista en el acuerdo permitiría mejorar de forma tangible la posición competitiva de las empresas europeas frente a competidores de terceros países que ya operan en la región en condiciones preferenciales.
Desde el punto de vista del tejido productivo valenciano, conviene recordar que la industria química aporta en torno al 10 % del total de las exportaciones de la Comunitat Valenciana, con un volumen superior a los 3.800 millones de euros anuales y una facturación global cercana a los 8.200 millones de euros. Se trata, además, de un sector con una estructura exportadora diversificada y estable, presente en más de un centenar de mercados y menos expuesto a la volatilidad coyuntural que otros sectores tradicionales.
Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es precisamente la supresión progresiva de los aranceles que todavía gravan una parte significativa de las exportaciones químicas europeas hacia Mercosur. En determinados segmentos de productos químicos, plásticos y especialidades, estos aranceles alcanzan porcentajes de dos dígitos, lo que supone una desventaja directa frente a proveedores de terceros países. Su eliminación permitiría a las empresas químicas valencianas mejorar márgenes, ganar cuota de mercado y competir en condiciones más equilibradas, reforzando su presencia en destinos estratégicos como Brasil o Argentina.
En términos comparativos, esta fortaleza cobra especial relevancia. Sectores tradicionales para la Comunitat Valenciana como la cerámica, el calzado o el mueble presentan una elevada concentración de mercados y una mayor sensibilidad a los ciclos económicos. Incluso sectores industriales avanzados como la automoción dependen en gran medida de decisiones de inversión externas. Frente a ello, la industria química valenciana destaca por su resiliencia, capacidad de adaptación y generación de valor añadido, lo que la sitúa en una posición idónea para aprovechar nuevas oportunidades comerciales.
Que las exportaciones valencianas a Mercosur —en torno a 400 millones de euros— representen todavía una parte limitada del total autonómico no debe interpretarse como una debilidad, sino como una clara oportunidad de crecimiento. Ampliar la presencia en estos mercados puede traducirse en mayor actividad industrial, inversión productiva y empleo de calidad.
Ahora bien, el potencial del acuerdo solo se materializará si va acompañado de condiciones de competencia justas. En este sentido, es imprescindible abordar sin ambigüedades el impacto de la hiperregulación europea sobre la competitividad industrial. La industria química opera bajo marcos como REACH y CLP, que garantizan altos niveles de protección, pero cuya acumulación, complejidad y falta de previsibilidad están generando costes crecientes e inseguridad jurídica. Cuando estas exigencias no se aplican de forma equivalente a los productos importados, el resultado no es una mejora global de estándares, sino una pérdida de competitividad, traslado de producción fuera de la UE y un riesgo real de desindustrialización. La apertura comercial debe ir acompañada, por tanto, de convergencia normativa, pero también de una regulación europea más proporcionada y coherente.
Las cifras avalan la importancia de esta relación estratégica: el comercio entre la UE y Mercosur superó los 153.000 millones de euros en 2024, las inversiones mutuas alcanzaron más de 380.000 millones en 2023, y las estimaciones apuntan a un incremento cercano al 40 % de las exportaciones europeas hacia Mercosur hasta 2040.
Avanzar hacia la ratificación del acuerdo UE–Mercosur no es solo una decisión comercial; es una decisión industrial y estratégica. Significa apostar por una Europa que produce, que exporta y que compite en igualdad de condiciones. Tras más de dos décadas de negociaciones, el momento de decidir ha llegado.
El sector químico valenciano necesita certidumbre, coherencia y visión a largo plazo. La ratificación del acuerdo, apoyada en los instrumentos de defensa comercial ya disponibles, sería una señal clara de que Europa quiere preservar su base industrial, atraer inversión y sostener empleo de calidad. Seguir aplazando esta decisión tendría un coste que la industria —y el territorio— difícilmente pueden permitirse.
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