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Mientras en España basta con una declaración responsable para acreditar los títulos académicos de quienes acceden a cargos públicos, crece la preocupación por los numerosos casos de fraude, titulaciones dudosas y currículums inflados entre representantes políticos.
Ricardo Díaz, presidente del CGCOQ
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España se reivindica la necesidad urgente de reforzar los controles mediante la colegiación obligatoria, ya vigente en muchas profesiones, como herramienta eficaz para verificar titulaciones, frenar el intrusismo y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
En Europa, aproximadamente el 20 % de los trabajadores ejerce una profesión regulada que requiere matrícula o colegiación obligatoria. En España, sin embargo, ese porcentaje se sitúa en torno al 6 %, muy por debajo de la media europea. Aunque el número total de colegiados supera los dos millones —más de un millón en el ámbito sanitario, 240.000 en abogacía, 52.000 en Trabajo Social y decenas de miles más en ámbitos como la odontología o la ingeniería—, el sistema de regulación profesional en nuestro país sigue siendo limitado, tanto en cobertura como en exigencia. Esta debilidad afecta a sectores clave y, sobre todo, a la función pública, donde no se exige acreditar documentalmente los títulos declarados.
La colegiación no solo aporta verificación académica y control deontológico. También ofrece garantías esenciales para los profesionales y para la ciudadanía. En primer lugar, supone un reconocimiento formal de que el profesional cumple con estándares éticos y de formación, y establece mecanismos sancionadores ante posibles irregularidades. En segundo lugar, permite el acceso a bolsas de empleo y visibilidad profesional, muy valoradas por empresas e instituciones públicas. Y, sobre todo, actúa como barrera frente al intrusismo, protegiendo a los usuarios y asegurando que el ejercicio profesional se realice con la formación y acreditación necesarias.
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España se insiste en la necesidad de legislar para que la colegiación sea exigida en todos los procesos de selección profesional y, especialmente, en el acceso a cargos públicos. “No se puede pedir excelencia académica a la ciudadanía mientras quienes nos gobiernan banalizan los títulos. La colegiación garantiza verdad, ética y transparencia. Si se exige meritocracia, empecemos por garantizarla desde arriba”, subraya Ricardo Díaz, presidente del Consejo.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado recientemente una profunda reforma del sistema de acceso a los cuerpos A1 y A2, que incluye un máster obligatorio de dos años (120 ECTS) impartido por la propia Administración. Para optar a una plaza, los aspirantes deberán superar primero una prueba de acceso, cursar ese máster público y pasar un examen final.
Solo los mejor calificados obtendrán plaza; el resto recibirá un título oficial de posgrado. El objetivo es profesionalizar aún más el acceso a la alta función pública, siguiendo modelos europeos basados en el mérito y la capacitación específica.
Sin embargo, el contraste es evidente: para acceder al Congreso o al Senado no se exige titulación alguna. Basta con ser ciudadano español mayor de edad. Los cargos electos no tienen la obligación de acreditar ningún título académico y pueden presentar currículos sin control documental, mediante una simple declaración responsable. Esta falta de exigencia —mientras se eleva el listón para otros profesionales— pone en entredicho el principio de ejemplaridad institucional y alimenta la desafección ciudadana.
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España se hace un llamamiento a la responsabilidad política para establecer un sistema que garantice la veracidad curricular, el respeto a la formación y el compromiso ético con la ciudadanía. La colegiación obligatoria debe dejar de ser una excepción para convertirse en una norma que garantice la calidad, la legalidad y la confianza en todos los ámbitos del servicio público.
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