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La Comisión Europea presentará a finales de este año una importante revisión del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), un impuesto sobre las emisiones generadas por las importaciones al bloque, destinado a proteger a la industria europea de la competencia de productos más baratos y más contaminantes. Está previsto que entre en vigor el próximo año.
La revisión examinará medidas contra la elusión para evitar que las empresas esquiven el impuesto, y también incluirá propuestas sobre distintos productos terminados que podrían incorporarse al ámbito de aplicación del CBAM.
En el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS), las empresas deben pagar alrededor de 80 euros por tonelada de carbono emitido. Actualmente, las industrias pesadas reciben algunas asignaciones gratuitas de carbono para mantener su competitividad frente al resto del mundo.
El CBAM comenzará su implementación gradual el próximo año, mientras que las asignaciones gratuitas del ETS se eliminarán progresivamente a partir de 2027. La intención es que todas las empresas paguen por sus emisiones: a través del CBAM en el caso de los importadores, o mediante el ETS en el caso de las empresas de la UE.
El objetivo original del CBAM era proteger a las industrias pesadas europeas del riesgo de que la producción se trasladara a regiones más baratas con leyes climáticas menos estrictas. Sin embargo, los planes para revisar el CBAM han desencadenado una ola de presión por parte de grupos industriales y socios comerciales de la UE, que mantienen opiniones muy divergentes sobre su impacto y beneficios.
En una carta dirigida este mes al canciller alemán Friedrich Merz y adelantada por Financial Times, más de 70 empresas expresaron su "creciente preocupación" de que las normas actuales "pongan en peligro la viabilidad económica de la transición limpia y, por tanto, la continuidad de las industrias intensivas en energía y sus cadenas de valor en la UE".
En otra carta, firmada por los directores ejecutivos de TotalEnergies y Siemens en nombre de 46 empresas europeas, se instó a Merz y al presidente francés Emmanuel Macron a mantener los permisos gratuitos del ETS para la industria "mientras el CBAM no demuestre realmente su eficacia".
Países como Brasil, Turquía y Japón han introducido o reforzado sus esquemas nacionales de precios del carbono este año, en parte para evitar que sus exportadores sean gravemente afectados por el impuesto, ya que los países con un precio de carbono equivalente estarán exentos.
Ulrich Adam, director general de Orgalim (la asociación europea de fabricantes), afirma que el diseño actual del CBAM, combinado con la eliminación gradual de las asignaciones gratuitas, implica que los fabricantes que dependen del acero, aluminio y otros materiales sujetos al impuesto "dejarán de ser competitivos a partir de 2026, tanto en el mercado europeo como en los mercados internacionales donde exportan".
Ante esta situación, algunos representantes de la Comisión abogan por diluir la reforma o aplazarla.
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