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Hace poco más de un mes tuvo lugar la reunión en la que, más de 500 directivos empresariales del sector químico europeo, se dieron cita en Amberes (Bélgica) para solicitar un conjunto de medidas inmediatas para frenar el cierre de plantas químicas, la deslocalización industrial y la pérdida de empleo en uno de los sectores clave para la economía continental.
El mensaje del sector es que sin una base industrial sólida, Europa no podrá mantener su autonomía estratégica ni su liderazgo económico. Los representantes empresariales reclamaron pasar "a la acción", advirtiendo que, el actual contexto geopolítico, energético y regulatorio está debilitando de forma estructural a la industria química, considerada la "industria de las industrias" por su papel esencial en ámbitos como la movilidad, la sanidad, la energía o la transición climática.
Y es que, según el estudio presentado hace escasas semanas por el Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic) y elaborado por Roland Berger, los cierres de plantas químicas en Europa se han multiplicado por seis desde 2022, hecho por el se que pone cada vez más la voz de alarma en el sector.
En este sentido, esta tendencia ha provocado -según la última actualización de datos- una pérdida acumulada de 37 millones de toneladas de capacidad productiva, equivalente al 9% del total de la producción comunitaria. Para el sector, esta evolución refleja un proceso de desinversión que amenaza con trasladar producción, innovación y empleo hacia otras regiones del mundo con menores costes operativos.
Y es que, uno de los factores más críticos detrás de esta crisis se encuentra en el elevado coste energético europeo, que se sitúa claramente por encima del de sus principales competidores globales, especialmente Estados Unidos y Asia.
Las empresas químicas sostienen que la electricidad y el gas representan un componente determinante en su estructura de costes y reclaman garantizar precios industriales competitivos. El sector considera imprescindible que el coste de la electricidad para la industria se sitúe por debajo de los 40 euros por megavatio hora para asegurar la viabilidad de las inversiones y evitar la pérdida de producción.
En España, el sector químico emplea de forma directa a 240.000 trabajadores, lo que representa el 7,3% del empleo asalariado, y genera cerca de un millón de puestos de trabajo si se incluyen los empleos indirectos e inducidos. La preocupación es especialmente intensa en el segmento de la química básica española, el núcleo estructural del sector, que abastece al 98% del conjunto de la industria manufacturera. Esta rama acumula una caída del 8,9% desde 2020, en contraste con el crecimiento del 16,5% previsto para el total del sector químico.
El deterioro se ha acelerado desde 2022, coincidiendo con el fuerte incremento de los costes energéticos. Desde 2019, el precio de la electricidad para la industria química ha aumentado un 40%, mientras que el gas ha duplicado su coste. El impacto sobre el empleo ya es visible: solo entre enero y septiembre de 2025, la química básica perdió un 3% de sus puestos de trabajo, caracterizados además por ser altamente cualificados y con una remuneración media cercana a los 45.000 euros brutos anuales.
Ante esta situación, el sector reclama un paquete de medidas urgentes. Entre ellas destaca la reducción de la fiscalidad energética, la compensación de los costes indirectos del CO₂, la reducción de peajes eléctricos para industrias electrointensivas y la revisión de determinados mecanismos del mercado energético que incrementan los costes operativos.
Además, la industria considera necesario revisar el régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) para evitar una pérdida adicional de competitividad y reclama que los ingresos generados por este sistema, así como por el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), se reinviertan en proyectos industriales que impulsen la innovación y la descarbonización.
La competencia internacional constituye otro de los frentes abiertos. El sector demanda reforzar los instrumentos europeos de defensa comercial para evitar prácticas desleales, elusión normativa o situaciones de sobrecapacidad global. Asimismo, insiste en la necesidad de garantizar que las importaciones cumplan los mismos estándares medioambientales y regulatorios que se exigen a las empresas europeas, con el fin de asegurar una competencia equilibrada.
Por todo ello, la industria química subraya que la transición hacia la neutralidad climática exigirá enormes inversiones. Solo en España, el sector estima que serán necesarios 65.000 millones de euros hasta 2050 para completar su transformación energética y tecnológica. Para lograrlo, reclama mecanismos de financiación, como los Contratos por Diferencias de Carbono, destinados a compensar la brecha de costes entre tecnologías limpias y fósiles.
Otro de los elementos señalados por el sector es la complejidad regulatoria europea. Las empresas piden una simplificación normativa que facilite la inversión y reduzca los plazos administrativos, evitando cargas burocráticas que, según denuncian, están restando competitividad frente a otros mercados internacionales.
De este modo y, tras la reunión mantenida en la pasada Cumbre Europea, las empresas esperan que se acelere el proceso y se pongan en funcionamiento todas las propuestas defendidas con el objetivo principal de transformar el Clean Industrial Deal en resultados tangibles que fortalezcan el tejido industrial europeo.
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