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El sector químico español (CNAEs 20 y 21) cerró 2025 con una cifra de negocios de 85.417 millones €, prácticamente similar a la registrada en 2024 (-0,1%). Aunque la producción creció un 1,3%, la caída de los precios (-1,6%) anuló este crecimiento ajustando a la baja la cifra de negocios. La debilidad de la demanda europea, junto a la creciente presión competitiva internacional y las tensiones comerciales han condicionado el comportamiento negativo de los precios.
En términos generales, se mantuvo un crecimiento estable en los sectores de Química de Consumo y Farmaquímica, mientras que la Química Básica, que representa un tercio de la producción, volvió a acusar la debilidad de la demanda internacional, fundamentalmente europea, en sectores clave como la automoción o la construcción. Caracterizada por su alta demanda energética, la Química Básica sigue arrastrando un grave problema de competitividad por los desproporcionados precios del gas y la electricidad que Europa afronta en los últimos años, particularmente desde la crisis de Ucrania.
En 2025, las exportaciones del sector químico alcanzaron los 62.926 millones €, registrando un crecimiento del 6,4%, lo que le situó como primer sector exportador de la industria española, al concentrar el 18% de las mercancías vendidas en mercados exteriores, seguido de la automoción (16,1%) y la industria alimentaria (15,2%).
En términos generales, la industria química realiza el 73,7% de su cifra de negocios en mercados internacionales y mantiene relaciones comerciales con prácticamente todos los países del mundo. Por zonas geográficas, el 56% de las exportaciones tuvo como destino países de la Unión Europea, siendo Francia (9,6%), Alemania (8,9%) y Países Bajos (7,1%) los principales mercados de destino. Por su parte, las exportaciones extracomunitarias se dirigieron principalmente a EE.UU. (4,9%), Suiza (3,6%) y China (3,3%).
Por lo que respecta a las importaciones, éstas crecieron un 7,7% hasta los 66.852 millones €. Los principales orígenes de las compras exteriores fueron EE.UU. (12,7%), Alemania (12,6%) y Francia (10%), mientras que China ocupó la sexta posición, con un 5,9%.
Junto a la debilidad de la demanda, el negativo comportamiento de la Química Básica europea continúa estando determinado por diversos factores estructurales, siendo el más relevante el fuerte diferencial de costes energéticos frente a Estados Unidos y China.
En el caso del gas natural, el Henry Hub estadounidense mantiene precios entre cuatro y cinco veces inferiores a los del mercado de referencia europeo (TTF), mientras que el país asiático accede, de media, a precios un 30% inferiores.
En el caso de la electricidad, tanto Estados Unidos como China registran precios medios finales para la industria -sin considerar ayudas o compensaciones- entre 80 y 110 €/MWh, frente al elevado precio medio industrial de la UE, que en el primer semestre de 2025 se situó en 179 €/MWh, si bien existen amplios rangos de precios entre países (desde 73 €/MWh en Finlandia hasta 240 €/MWh en Italia).
A este escenario se añaden otros factores como la sobrecapacidad global instalada (fundamentalmente en China), las prácticas comerciales desleales en forma de dumping y subvenciones, así como el diferencial de presión regulatoria, especialmente en lo relativo a las políticas de cambio climático. Todo ello configura un contexto especialmente adverso para las industrias básicas y estratégicas europeas, que exige la activación urgente de medidas a escala comunitaria y nacional.
En el caso de España, la expectativa de unos precios energéticos más competitivos, apoyada en una amplia base de generación renovable y en el positivo comportamiento de la economía, han permitido amortiguar parcialmente este deterioro respecto a otros países comunitarios. No obstante, la tendencia seguirá siendo descendente si no se adoptan medidas de choque adecuadas. Es relevante subrayar, además, que la Química Básica suministra productos esenciales para el 98% de las actividades productivas al estar al inicio de prácticamente todas las cadenas de valor, constituyendo un elemento fundamental para la autonomía estratégica.
Existe, por tanto, un evidente riesgo de desinversión. Desde 2022, la industria química básica europea ha cerrado 126 plantas, perdiendo 37 millones de toneladas de capacidad de producción, lo que equivale al 9% de la capacidad instalada.
Por lo que respecta al actual conflicto en el Golfo Pérsico, su principal impacto sobre el sector químico se concentra en el incremento de los costes energéticos, especialmente del gas natural y la electricidad. En el primer caso, el diferencial de precios registrado en marzo respecto a febrero alcanza los 20,5 €/MWh, lo que supone un sobrecoste estimado de 40 millones € para el sector.
En cuanto a la electricidad, aunque el diferencial de precio medio mensual en el mercado mayorista respecto a febrero es superior, situándose en 23,6 €/MWh, su impacto estimado es más bajo, en torno a 20 millones €, debido al menor peso del consumo eléctrico frente al gas natural.
No obstante, el impacto real sobre el sector químico dependerá tanto del grado de cobertura que las empresas mantengan en sus contratos de suministro energético, como de la capacidad de trasladar aguas abajo los sobrecostes generados y de que estos puedan ser asumidos por la demanda.
En todo caso, el mayor riesgo está en una prolongación temporal del conflicto, que podría elevar el precio del gas hasta el entorno de los 90 €/MWh si se extendiera entre 10 y 12 semanas, y trasladar este sobrecoste a los mercados eléctricos durante el mes de junio, a medida que haya mayor demanda de gas en los mercados de generación por la menor aportación previsible de eólica e hidráulica.
Por otra parte, diversas materias primas químicas también se están viendo afectadas por el cierre del estrecho de Ormuz, entre las que destacan la nafta y la urea, cuyos precios se han incrementado un 67% y un 48%, respectivamente. A ello se suma el encarecimiento de los fletes, con sobrecostes adicionales de entre 3.000 y 4.000 dólares por contenedor, así como el aumento de las primas de los seguros, en función de las rutas de tránsito.
1. Un precio eléctrico final más competitivo
Independiente de la situación en Oriente Medio, los precios eléctricos arrastran desde el conflicto de Ucrania un incremento muy sensible de las variables que le afectan. Así, al cierre de 2025 el precio medio del gas se situó un 145% por encima de los precios precrisis de 2019, los derechos de emisión acumularon un incremento del 170%, y los precios eléctricos, incluyendo los desproporcionados servicios de ajuste, fueron un 65% superiores.
Ante esta situación resulta imprescindible adoptar medidas urgentes y estructurales:
a) Derogar (o tipo 0) el Impuesto de Valor de Producción de Energía Eléctrica (IVPEE): El IVPEE solo se aplica en España, encareciendo el precio de mercado un 7%. Se estableció para detener y reducir el déficit de tarifa acumulado (28.000 millones € en 2012), y éste desaparecerá completamente en 2027.
b) Ampliar la base de beneficiarios de la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (85%) al conjunto de la industria: El IEE puede reducirse universalmente al tipo mínimo del 0,5% (recomendado por la Comisión Europea), o bien acotar una reducción del 85% (sobre el 5,11 nominal) al conjunto de la industria manufacturera, modificando el artículo 98.1 de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales.
c) Establecer de forma permanente una reducción del 80% de los peajes de acceso a empresas electrointensivas: Incorporar estructuralmente la reducción del 80% de los peajes a los consumidores electrointensivos en norma con rango de ley, tal y como se aplica en Francia y Alemania, nuestros principales competidores internacionales.
d) Solucionar el alto impacto de los Servicios de Ajuste (restricciones técnicas) en los precios eléctricos: Es necesario acelerar las medidas tecnológicas (grid forming, baterías, compensadores síncronos) y regulatorias (procedimientos de operación) que puedan reducir el incremento del coste de los servicios de ajuste (particularmente las restricciones técnicas), amplificado por la operación reforzada del sistema tras el apagón. En paralelo, y dado que las soluciones anteriores precisan de un tiempo prolongado antes de resultar efectivas, deben trasladarse las Restricciones Técnicas de los Servicios de Ajuste a Peajes/Cargos. En febrero de 2026, los servicios de ajuste (datos REE) añadieron 26,5 €/MWh al precio del mercado (18,1 €/MWh).
e) Incrementar las compensaciones por las emisiones indirectas de CO2 hasta los 1.000 millones €: Es necesario modificar la redacción del artículo 30.4 de la Ley 7/2021 para eliminar el tope fijado del 25% como presupuesto máximo de los ingresos procedentes de las subastas que puede dedicarse a la compensación de costes indirectos e incorporar una redacción que garantice la percepción del máximo de compensaciones respetando la normativa comunitaria. Esto permitiría generar una previsibilidad a largo plazo de gran valor para la industria frente al modelo actual en el que en cada ejercicio debe negociarse la cuantía de la ayuda. Cabe recordar que Francia y Alemania superan ampliamente este límite (44,1% y 31,6% respectivamente).
2. Desarrollar un Estatuto de Consumidores Gasintensivos
Los precios del gas en Europa son, como media, entre 4 y 5 veces más elevados que en Estados Unidos, y un 30% superiores a los de China. Este diferencial castiga la competitividad de la industria europea, por lo que es preciso establecer mecanismos para las empresas más gasintensivas hasta que las tecnologías alternativas (electrificación, hidrógeno y gases renovables, CCUS…) alcancen su plena viabilidad económica.
Debe iniciarse el desarrollo de un Estatuto de Consumidores Gasintensivos que establezca mecanismos de apoyo permanentes, como la reducción estructural de peajes, un marco fiscal e incentivos a los proyectos de descarbonización industrial y eficiencia energética, y fórmulas que permitan acotar debidamente los sectores y empresas preceptoras de eventuales medidas de apoyo ante entornos de volatilidad prolongada de los precios del gas como los que actualmente está generando el conflicto de Oriente Medio, o el precedente de Ucrania.
3. Simplificar la normativa comunitaria y flexibilizar y mejorar las regulaciones ES y CBAM
En el contexto de la industria química, los costes derivados del cumplimiento de la normativa europea han venido aumentando progresiva e inexorablemente durante los últimos veinte años, pasando del 4% en 2004, hasta el 12-13% de su valor añadido bruto en 2023. En el caso de España, este porcentaje supone un coste anual aproximado de 2.700 millones €. Es imprescindible continuar el proceso de simplificación regulatoria y administrativa iniciado por la Comisión Europea a escala comunitaria y simultanearlo con acciones similares en los estados miembro.
En el caso de ETS (Régimen de Comercio de Derechos de Emisión), debe ajustarse de forma realista la reducción de derechos de emisión, tanto en la revisión de los benchmarks ETS para el periodo 2026-2030 (el coste estimado de la reducción prevista de derechos gratuitos superaría los 10.000 millones € para la industria química europea), como para los periodos posteriores, así como mantener dichos derechos más allá de 2034. Desde 1990, el sector químico ha reducido sus emisiones de proceso de GEI un 58,5%.
Respecto al CBAM (Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera), para los sectores actualmente afectados por el sistema y para los que se incorporen paulatinamente, deben implementarse mejoras relevantes como: 1. una solución a las exportaciones, 2. el control efectivo de toda la cadena de valor, 3. la prevención de prácticas de elusión y 4. tener en cuenta los costes de las emisiones indirectas de CO2.
4. Generar un instrumento efectivo de financiación de las inversiones para la descarbonización: los Contratos por Diferencias de Carbono
Los Contratos por Diferencias de Carbono constituyen una herramienta que permite afrontar con mayor certidumbre las inversiones en tecnologías de descarbonización, especialmente las de difícil abatimiento, financiando simultáneamente CAPEX y OPEX a largo plazo y eliminando así los riesgos de volatilidad de los mercados de los derechos de emisión y de los precios energéticos.
El RD 7/2026, ya articula la creación de un Fondo para el Impulso de la Descarbonización Industrial (FIDI) que permita acelerar la descarbonización de los sectores industriales intensivos en energía mediante instrumentos de apoyo orientados a cubrir el riesgo económico asociado a la inversión en tecnologías industriales de bajas emisiones, esencialmente a través de Contratos por Diferencias de Carbono. Con el fin de que este mecanismo pueda entrar en operación antes de finalizar el año, debe someterse antes del primer semestre a consulta pública.
En 2025, la consultora Frontier Economics elaboró para FEIQUE y AEGE una propuesta de funcionamiento de los Contratos por Diferencias de Carbono para España, basada en los modelos ya vigentes en Alemania, Países Bajos, Francia y Dinamarca, que recoge sustancialmente los elementos de diseño del mecanismo.
5. Reforzar la aplicación de instrumentos de defensa comercial y el acceso a nuevos mercados
La pérdida de competitividad de la industria europea ha generado una elevada penetración de producciones de terceros países en el mercado comunitario, desplazando esencialmente a los sectores básicos internos con alta demanda de energía o de materias primas energéticas. Además de la influencia de los costes del gas y la electricidad, en numerosas ocasiones se detectan prácticas de dumping y subvención que multiplican la dificultad de las empresas europeas para competir en los mercados.
Desde 2023 se observa una mayor proliferación de denuncias e investigaciones abiertas por la Unión Europea ante evidencias de prácticas de dumping desde terceros países, que en el caso de la química afectan en mayor medida a la química básica. Es precisamente en el sector químico en el que se concentran la mayor parte de los procedimientos de investigación iniciados a partir de esa fecha, el 40%, frente al 19% de los seis años anteriores. Actualmente se encuentran en vigor 54 medidas de protección para productos químicos, correspondiendo la mayor parte de ellas (63%) a China.
Desde el sector, consideran fundamental agilizar al máximo los procedimientos, que actualmente se extienden entre 12 y 18 meses, con objeto de proteger con mayor agilidad las producciones europeas afectadas por la competencia desleal y excesos de capacidad inducidos por determinados países, incluyendo la adopción de medidas cautelares -previas a la finalización de la investigación- cuando se considere preciso.
Respecto a los nuevos mercados, se considera necesario, por un lado, vigilar el cumplimiento de los acuerdos comerciales en vigor y, por otro, realizar el seguimiento de los acuerdos con Mercosur, India, México, EAU, Tailandia, Filipinas, Malasia, Indonesia y Australia.
Clic AQUÍ para acceder y descargar la Radiografía económica del sector químico español.
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