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España se sitúa entre los países europeos con mayor respaldo al principio de "quien contamina, paga", con apoyos que cruzan todo el espectro político y en un contexto de debate sobre el futuro del mercado europeo de carbono.
Dos de cada tres personas en España (68 %) creen que las industrias intensivas en energía (como el acero, el cemento o la química) deben pagar por sus emisiones de CO₂, frente a solo un 17 % que se opone. Es uno de los niveles de apoyo más altos en una nueva encuesta, encargada por Beyond Fossil Fuels en nombre de una amplia comunidad de organizaciones y realizada por YouGov en seis países europeos, que sitúa la media europea en el 59 %.
El sondeo, realizado en Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia y España, revela un respaldo amplio y transversal al principio de "quien contamina, paga", que está en el corazón del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS, por sus siglas en inglés). Los resultados llegan en un momento clave: la Comisión Europea prevé presentar su propuesta de revisión del ETS el 15 de julio, mientras gigantes industriales como ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Voestalpine o BASF presionan para debilitar el mecanismo.
Juan Fer Martín, responsable de Políticas de Descarbonización Industrial de ECODES, señala que: "La población española está entre quienes con más fuerza apoyamos el mercado de carbono europeo. La competitividad de Europa no se construirá rebajando la ambición climática, sino reduciendo las vulnerabilidades estructurales que la dependencia de los combustibles fósiles impone a nuestra industria. Un precio del carbono fuerte y predecible es lo que proporciona a sectores como el acero y el cemento la certeza para invertir en producción limpia aquí. Debilitar el ETS ahora castigaría a las empresas que ya se están moviendo primero y premiaría a las que se niegan a cambiar".
El respaldo va más allá de penalizar la contaminación: la ciudadanía espera que el sistema reconozca la ambición climática. En España, un 80 % considera que las empresas que más emiten, o las que no hacen esfuerzos por reducir sus emisiones, deberían pagar más que las demás (frente a una media europea del 72 %). Solo un 7 % cree que todas las empresas deberían pagar lo mismo y apenas un 5 % opina que ninguna debería pagar por sus emisiones.
España es también uno de los países donde con más claridad se prefiere un modelo de "gravar e invertir". Un 65 % respalda que el Gobierno cobre por las emisiones de carbono y destine directamente esa recaudación a financiar la descarbonización industrial, frente a solo un 13 % que cree que la industria no debería pagar por sus emisiones.
Cuando se pregunta por las exenciones (la asignación de derechos de emisión gratuitos), el 72 % apuesta por reinvertir el coste ahorrado en reducir emisiones, el 73 % pide destinarlo a formación y empleo de calidad y el 60 % reclama implicar a las comunidades locales en las decisiones sobre la transición industrial.
El respaldo a que la gran industria pague por sus emisiones atraviesa todo el espectro político: alcanza el 88 % entre el electorado de Sumar, el 78 % del PSOE y el 61 % del PP, frente al 19 % que se opone. Incluso entre los votantes de VOX, un 38 % se muestra a favor. La exigencia de condicionar los derechos gratuitos a la reinversión en reducir emisiones también recibe un apoyo mayoritario en todos esos electorados.
PRINCIPALES CONCLUSIONES
España
Europa (media de los seis países)
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