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Sedigas se ha adherido a una declaración conjunta de una amplia representación de la industria energética europea en la que el sector reclama un marco de aplicación viable, armonizado y jurídicamente seguro del Reglamento de Emisiones de Metano de la Unión Europea (EUMR).
Las principales obligaciones del Reglamento aplicables a las importaciones están previstas para entrar en vigor el 1 de enero de 2027. Sin embargo, las organizaciones firmantes consideran que los mecanismos necesarios para garantizar su cumplimiento todavía no están completamente definidos ni desplegados.
El sector advierte de que esta situación puede generar importantes dificultades para los importadores europeos y reclama a la Comisión Europea una evaluación más exhaustiva sobre la viabilidad de la aplicación de la norma y sus posibles efectos sobre la reducción de emisiones de metano, la competitividad y la seguridad y diversificación del suministro energético.
Las organizaciones aseguran que los importadores mantienen su compromiso con la reducción de las emisiones de metano y con el cumplimiento del Reglamento. No obstante, consideran necesario disponer de tiempo y herramientas suficientes para garantizar que las nuevas obligaciones puedan aplicarse de forma efectiva al petróleo crudo y al gas que necesita el mercado europeo.
Ante esta situación, Sedigas y el resto de asociaciones firmantes solicitan modificaciones específicas del Reglamento y una prórroga de tres años de las obligaciones contempladas en el capítulo V, especialmente las recogidas en los artículos 28.1, 28.2 y 29.1.
La industria considera que este aplazamiento debería aprobarse mediante una medida jurídicamente vinculante a escala de la Unión Europea, ya que las recomendaciones no vinculantes o la aplicación discrecional por parte de las autoridades nacionales no garantizarían la seguridad jurídica ni la necesaria armonización dentro del mercado europeo.
Durante el periodo adicional, el sector propone completar los sistemas de acreditación, verificación y certificación, tanto en la Unión Europea como en los países exportadores, además de desarrollar soluciones de cumplimiento que puedan utilizarse globalmente y sean reconocidas de manera uniforme por los Estados miembros.
Asimismo, reclama realizar una evaluación de las consecuencias del Reglamento sobre la seguridad energética, la competitividad y la diversificación del suministro europeo, con el objetivo de disponer de una base sólida para una futura revisión de la normativa.
Según las organizaciones firmantes, la petición no pretende debilitar los objetivos del Reglamento ni retrasar la lucha contra las emisiones de metano, sino garantizar que, cuando las obligaciones sean exigibles, existan los sistemas y mecanismos necesarios para poder cumplirlas de manera efectiva y homogénea en toda Europa.
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