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El instituto plantea actualizar el marco profesional ante la digitalización, la transición energética y los nuevos retos tecnológicos.
El Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) ha iniciado una campaña para promover la elaboración de una Ley de la Ingeniería en España, con la que pretende actualizar el marco regulador de la profesión y adaptarlo a las transformaciones tecnológicas, económicas y sociales de las últimas décadas.
La propuesta de INGITE se estructura en cuatro grandes pilares. El primero plantea una mayor alineación con el modelo europeo, con el objetivo de facilitar el reconocimiento profesional y la movilidad internacional de los ingenieros españoles.
El segundo se centra en la certidumbre académica. La organización propone que las titulaciones que utilicen la denominación de Ingeniería respondan a unos estándares técnicos comunes, con una estructura mínima de 240 créditos ECTS y una formación científica y técnica sólida. Según su planteamiento, todos estos títulos serían habilitantes, eliminando la actual diferenciación entre grados habilitantes y no habilitantes vinculados a la Ingeniería.
Otro de los ejes es la creación de un sistema de atribuciones profesionales dinámicas, basado no solo en la titulación inicial, sino también en la experiencia profesional, la formación continua, las microcredenciales y la especialización. INGITE considera que este modelo permitiría adaptar las competencias profesionales a la rápida evolución tecnológica.
La propuesta incorpora además la creación de una Organización Colegial Unificada de la Ingeniería (OCI), que coordinaría la representación de las diferentes ramas de la profesión sin sustituir la actividad de los colegios especializados. También contempla un Registro Nacional Profesional de Ingeniería.
Para INGITE, la revisión del marco profesional debe responder a desafíos como la digitalización, la transición energética, la reindustrialización y la sostenibilidad, al tiempo que refuerza la conexión entre universidad, empresas y ejercicio profesional. La iniciativa se encuentra actualmente en fase de desarrollo y presentación a los distintos agentes implicados.
Por otro lado, el debate sobre la clasificación profesional de los ingenieros en la Administración Pública vuelve a situarse sobre la mesa en 2026. Tras la polémica generada a finales del pasado año en torno a la posible eliminación de la diferenciación entre los subgrupos A1 y A2, el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) ha dado un nuevo paso al presentar su propuesta de una futura Ley de la Ingeniería.
La iniciativa, presentada por INGITE el pasado 18 de septiembre, plantea una reforma de amplio alcance del modelo profesional español para adaptarlo al escenario europeo y a la evolución tecnológica. Entre sus objetivos figura también el reconocimiento del título de Grado habilitante como vía de acceso al máximo nivel de la Función Pública, el Grupo A1, una reivindicación que la organización ya había situado entre sus prioridades durante 2026.
La propuesta pretende abordar, además, cuestiones como la estructura de las titulaciones de Ingeniería, las atribuciones profesionales y la formación continua. INGITE plantea que las titulaciones de Ingeniería tengan una estructura mínima de 240 créditos ECTS y un núcleo formativo técnico común, al tiempo que propone avanzar hacia un sistema de atribuciones profesionales basado en competencias, experiencia y actualización permanente.
Otro de los elementos planteados es la creación de una Organización Colegial Unificada de la Ingeniería, acompañada de un Registro Nacional Profesional de Ingeniería, con el objetivo de reforzar la representación conjunta de las distintas ramas profesionales.
El nuevo movimiento de INGITE llega después de que el Congreso rechazara en marzo una proposición de ley que planteaba modificar el Estatuto Básico del Empleado Público para eliminar los actuales subgrupos A1 y A2 y establecer un único Grupo A. La iniciativa fue rechazada en el Pleno por 171 votos frente a 174, con una abstención.
En paralelo, el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales mantiene la posición expresada en diciembre de 2025 en defensa de la diferenciación entre A1 y A2, argumentando que debe mantenerse cuando existan diferencias de responsabilidad y formación.
El debate, por tanto, ha evolucionado desde la discusión sobre la posible desaparición de A1 y A2 hacia una cuestión más amplia: cómo debe organizarse y reconocerse la Ingeniería en España tras la adaptación del sistema universitario al Espacio Europeo de Educación Superior.
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