16 de noviembre, 2026 XML
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La AIE recomienda evaluar la extensión de la vida útil de los reactores españoles, previa revisión de su seguridad y teniendo en cuenta la garantía de suministro y los costes y beneficios de su funcionamiento a largo plazo.

En su reciente informe “Revisión de la política energética de España 2026”, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) aconseja entre las áreas prioritarias “considerar la posibilidad de aprobar la extensión de la vida útil de los reactores nucleares existentes tras las correspondientes revisiones de seguridad, teniendo en cuenta su importancia para la seguridad del suministro, así como los costes y beneficios de su funcionamiento a largo plazo”.

También advierte de que “el cierre escalonado de las centrales nucleares previsto entre 2027 y 2035 tendría un impacto importante en la seguridad del suministro y la descarbonización”. Y añade que una gestión adecuada para el cierre escalonado de la generación nuclear de forma segura y asequible exige “garantizar que la generación renovable, la flexibilidad del sistema y los recursos de estabilidad se hayan implementado e integrado a tiempo, así como considerar las dinámicas geopolíticas y económicas más amplias y los riesgos asociados”.

El organismo internacional destaca que “las centrales nucleares proporcionan electricidad fiable y baja en emisiones de carbono, y contribuyen al buen funcionamiento del sistema eléctrico.” La energía nuclear aporta, además, capacidad firme y estable y contribuye a la seguridad del suministro al reducir la dependencia de las importaciones de gas natural. Esta contribución es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta al considerar posibles extensiones de su vida útil.

Tras la reciente ampliación de la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz, el informe recomienda establecer un marco transparente para evaluar futuras decisiones caso por caso. Esta evaluación debería basarse en criterios de seguridad, cuya garantía corresponde al organismo regulador, y tener en cuenta los costes y beneficios tanto para los consumidores como para el conjunto del sistema eléctrico.

Además, hace referencia a la orden ministerial del Gobierno de España de agosto de 2026, mediante la que “aprobó esta prórroga, alegando incertidumbre en los mercados energéticos internacionales y la necesidad de mitigar la exposición de los consumidores a la volatilidad de los precios”.

Asimismo, resalta que “la energía nuclear contribuye a la estabilidad del sistema como fuente de generación síncrona, favoreciendo el funcionamiento seguro y fiable de la red eléctrica”.

La AIE añade también que “los impuestos y gravámenes asociados a la energía nuclear deberían garantizar que el marco económico reconozca tanto la contribución de la energía nuclear al sistema energético como los costes asociados a sus externalidades, como la gestión de residuos y los costes de desmantelamiento”.

Finalmente indica que “el Gobierno debería establecer una perspectiva de planificación a largo plazo de las necesidades de personal que refleje sus decisiones sobre las prórrogas de operación y el eventual cierre de las centrales nucleares. De este modo, se contribuiría a preservar la mano de obra cualificada y la gestión del conocimiento en toda la cadena de suministro nuclear”.

Todas estas recomendaciones se encuentran en línea con las que el Foro Nuclear lleva reclamando desde hace tiempo, ante la necesidad de contar con la energía nuclear a largo plazo para afrontar los retos de la transición energética y de la descarbonización de la economía.

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