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La nueva propuesta de reforma del reglamento europeo de sustancias químicas REACH, presentada por la Comisión Europea el pasado 3 de abril en el marco de la 54ª reunión del grupo de expertos CARACAL, ha generado una fuerte preocupación entre organizaciones ecologistas y especialistas en salud pública.
Uno de los elementos que más alarma ha generado es la similitud entre la propuesta de la Comisión y el plan en diez puntos que la patronal europea de la industria química, CEFIC, había elaborado para reformar REACH. Entre las coincidencias más preocupantes destaca la intención de suavizar el sistema de autorización de sustancias altamente peligrosas. Esta flexibilización implicaría una menor eliminación progresiva de compuestos dañinos y permitiría su uso continuado en un mayor número de casos.
Otra medida incluida en el borrador comunitario es la incorporación de un análisis preliminar obligatorio antes de que los Estados miembros puedan presentar propuestas regulatorias. Según Julian Schenten, experto legal de la organización ClientEarth, esta medida solo serviría para retrasar aún más un proceso ya de por sí lento. A su juicio, se trata de un mecanismo que podría permitir que las sustancias más peligrosas escapen al régimen de autorización, debilitando el núcleo del sistema de protección.
Además, la reforma parece desdibujar otros compromisos clave recogidos en la Estrategia de Sostenibilidad para los Productos Químicos del Pacto Verde Europeo. Uno de ellos es la prohibición de las sustancias más peligrosas en productos de consumo. En lugar de reforzar el proceso de restricción acelerada previsto en el artículo 68(2) de REACH —basado en la evaluación genérica de riesgos—, la Comisión plantea pasos que podrían ralentizar su aplicación, en línea con las demandas de CEFIC.
También está en discusión la obligación de recopilar datos sobre los riesgos de los polímeros, componentes fundamentales del plástico. Aunque estos compuestos se producen en grandes volúmenes y la población está expuesta a ellos a través de los microplásticos, la Comisión se plantea ahora si debe mantener o eliminar el registro obligatorio que había prometido.
En cuanto a las mezclas químicas, la Comisión considera ahora aplicar el Factor de Evaluación de Mezclas (MAF) solo a sustancias de alto volumen, lo que supone otro giro respecto al compromiso inicial de evaluar exposiciones múltiples tal como se producen en la vida real.
A pesar de que la Comisión insiste en que la simplificación no comprometerá la seguridad, sus propuestas sugieren una fuerte influencia de los sectores industriales más contaminantes, en un intento por reducir costes regulatorios a corto plazo. Esta postura contrasta con el propio análisis de CEFIC, que reconoce que REACH representa menos del 3% de los costes regulatorios totales, muy por debajo del peso de los costes energéticos (entre el 30 y el 40%).
Desde su entrada en vigor en 2007, REACH ha convertido a la Unión Europea en una referencia global en seguridad química. Esta revisión, la primera de gran alcance desde su creación, pone en juego no solo los logros alcanzados en salud y medioambiente, sino también el liderazgo normativo europeo en este ámbito.
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