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El Pacto Verde Europeo se sitúa como uno de los principales focos de atención de la llamada ´agenda verde´ de la Unión Europea. En este sentido, se pretende elaborar una hoja de ruta basada en una nueva norma con la que se alcance una reducción de las emisiones contaminantes de CO2 del 90%, de aquí a 2040.
Esta propuesta también incluye los créditos internacionales de carbono, con los que los países de la UE podrán pagar a terceros países, generalmente pobres o en vías de desarrollo, para descontarse toneladas de CO2 a cambio de seguir contaminando.
La iniciativa que ha aprobado el gobierno comunitario, y que ahora tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, propone que los gobiernos europeos puedan externalizar en países pobres hasta un 3% de la reducción de emisiones a partir de 2036.
Es decir, los estados europeos podrán financiar proyectos en terceros países que servirán como ´crédito´ para poder contaminar en suelo europeo por esa misma cantidad. El cómputo global será la reducción del 90% en 2040, que es un paso intermedio hacia la neutralidad climática a mitad de siglo que se firmó en los Acuerdos de París, pero una parte se externalizará para que el esfuerzo en la UE se suavice.
Fuentes comunitarias justifican que se trata de un intercambio entre las inversiones europeas y el resto del mundo y defienden que se trata de un planteamiento “racional”, pero también lo basan en criterios “económicos”, es decir, dar oxígeno a las empresas e industrias europeas, que se quejan de la carga que supone la agenda verde.
La reducción del 55% de las emisiones en 2030 fue uno de los grandes hitos del anterior mandato de Ursula von der Leyen con una normativa procelosa y detallada que permitirá a la UE prácticamente llegar a ese objetivo, según las estimaciones de la Comisión Europea.
La CE también pretende introducir “flexibilidad” a la hora de distribuir la reducción de emisiones entre los sectores económicos. “Tendremos menos requisitos detallados, menos sub-objetivos y se permitirá más flexibilidad entre los sectores y los instrumentos”, apuntan esas fuentes. Además, el planteamiento de la Comisión Europea es que se computen como “emisiones negativas” aquellas que se capturan a través de nuevas tecnologías y que, por tanto, no llegan a contaminar la atmósfera.
“Acordar el objetivo climático del 90% nos proporciona un faro claro para guiar nuestras acciones futuras. Estamos respondiendo a europeos que siguen estando firmemente a favor de la acción por el clima. Por eso hoy hemos decidido seguir adelante con nuestras políticas climáticas, ya que son fundamentales para alcanzar otros objetivos de política social y económica, como la seguridad y la prosperidad de nuestros ciudadanos y empresas. No estamos eligiendo entre la economía y la agenda verde, estamos eligiendo ambas. Europa reafirma su compromiso con una transición verde justa, ambiciosa y competitiva”, afirma la vicepresidenta primera, Teresa Ribera, que ha reconocido que las “flexibilidades” dan una “red de seguridad”.
Más entusiasta ha sido el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, que ha defendido “la flexibilidad y el pragmatismo” a la hora de lograr la reducción del 90% de las emisiones. “Daremos espacio de reproducción a sectores difíciles de reducir y abriremos nuevos mercados para tecnologías duraderas de eliminación del dióxido de carbono. En segundo lugar, y esto es aquí en casa, integraremos las eliminaciones permanentes de carbono europeas en el ETS, en el sistema de comercio de emisiones”, ha explicado.
“Nuestros amigos del Sur global nos están tendiendo la mano activamente, porque ven el valor que tiene, y en los tiempos geopolíticos dramáticamente difíciles que vivimos, tener un puente así en el nexo de unión para ayudarse mutuamente con la acción climática, pero también con la economía”, ha agregado el holandés.
También ha defendido con vehemencia los proyectos para la captura de carbono y ha puesto como ejemplo el sistema implementado en Suecia, que lo transporta en barcos al Ártico y lo inyecta en la tierra. Según ha señalado, se trata de un 2% de las emisiones del país. “Seríamos tontos si no lo tuviéramos en cuenta”, ha dicho sobre la posibilidad de contabilizarlo como reducción de emisiones: “Es algo muy inteligente”.
Igualmente, ha apuntado al “pragmatismo” a la hora de repartir las cargas de la reducción de emisiones, es decir, dar flexibilidad a la hora de contabilizar las emisiones en función de los sectores: “Sin bajar el listón, darles la oportunidad de rendir más en una categoría y ser más flexibles en otra”.
Cabe recordar que esta propuesta todavía tiene que negociarse dentro del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo.
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