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Como director de la Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunidad Valenciana (QUIMACOVA), quiero compartir una reflexión serena y constructiva sobre la implantación de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), cuya obligatoriedad entró en vigor con el Real Decreto 1055/2022 desde el 1 de enero de 2025.
Jesús Carretero
La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) es un principio que compartimos plenamente: quien pone un producto en el mercado debe asumir también la responsabilidad de su impacto ambiental, especialmente cuando se convierte en residuo. Este enfoque, alineado con el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, busca fomentar la economía circular, reducir el volumen de residuos y mejorar las tasas de reciclaje.
En este sentido, los SCRAP son una herramienta clave para canalizar esa responsabilidad de forma colectiva, eficiente y trazable.
Sin embargo, como representante de un sector industrial estratégico, como es el sector químico, no podemos obviar las dificultades que esta transición está generando entre nuestras empresas asociadas.
